Por Agustín del Castillo

El caso de la explosión de las huertas de aguacate en México se presta, como tantos en una república fuertemente polarizada e ideologizada, a hacer una metáfora más con Apocalípticos e integrados (Umberto Eco, 1964). Muy oportuna hoy, en que Jalisco ha comenzado a mandar embarques de la fruta mesoamericana al mayor mercado mundial de consumo, Estados Unidos, en lo que se suma a Michoacán, el gran dominador de esa ruta.

Los hay desde quienes ven la debacle completa de la naturaleza, de las comunidades indígenas y ejidos, de la gobernanza y de la paz con la expansión de este monocultivo que tiene una historia de 25 años en la que parece una fuerza casi autónoma, irresistible e irrefrenable, hasta quienes lo aprecian como el mejor paradigma de la prosperidad y de un futuro económico promisorio ante la historia casi siempre precaria del campo mexicano, ese espacio que todos aman pero muy pocos comprenden, siquiera medianamente.

La verdad siempre es muchas, y siempre es más sutil y complicada de asir. Debe llamar la atención la voluntad de indignación de cientos de urbanitas que más allá de sus invectivas y de su más o menos correcta transcripción de datos, demuestran su divorcio de la realidad rural, un divorcio que no tiene que ver con los sentimientos, pero sí con las ideas y los conceptos. Cierto tipo de morador citadino, ecologista a ultranza, de más buena fe que buena información, anhela ese México rural que ni conoce y en cierto modo que nunca ha existido: un espacio poético, bucólico, donde los campesinos, felizmente pobres, viven en armonía con la naturaleza, aunque voluntariamente precarios, como si la pobreza fuera elección. Es una visión del campo que recorre toda la historia de la literatura del mundo, hay que decir en su descargo. Nada casual que esa literatura sea labor de artesanos urbanos. Remiten a la cara amable de la utopía (no en balde, según la Real Academia Española, Utopía es la “isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto, descrita por Tomás Moro en 1516”; del griego οὐ ou ‘no’, τόπος tópos ‘lugar’…”. esto es, “el lugar de ninguna parte”).

Tampoco hay que sobrevalorar, por supuesto, la postura de los que festejan el libre mercado sin matices, también abrumadoramente urbanitas, e ignoran deliberadamente los efectos desastrosos del descontrol de la expansión aguacatera, un descontrol propiciado por un Estado que ya ni siquiera llega a “gendarme”, para tomar la clásica definición de los liberales del siglo XIX, amigos del mercado a ultranza (hoy llamado con cierta justicia poética, “capitalismo salvaje”), en la cual, las instituciones públicas se hacen cargo de preservar la paz social para que prosperen los negocios. La realidad es que los territorios del aguacate coinciden con los que dominan las diversas agrupaciones criminales territoriales en que se han transformado los viejos negocios de producción y trasiego de drogas. Con base en el modelo de la Mafia siciliana o la Camorra napolitana, ahora se trata de erigirse en sucedáneos del Estado en retirada, una verdadera distopía (la utopía vista como pesadilla). Son amos y señores, un fuerte matiz de naturaleza feudal que ya había sido preconizado, lúcidamente, por nuestro referido y sapiencial Umberto Eco: 

“…La propiedad, menguada la fuerza de las leyes y destruidos los catastros, se apoyará en el solo derecho de usucapión (conocido en la legislación mexicana como “prescripción”: la posesión larga y más o menos pacífica de un predio conduce al reconocimiento de la propiedad como dominio pleno). Por otra parte, la rápida decadencia habrá reducido las ciudades a una serie de ruinas alternadas con casas habitables, y habitadas por quienes hayan logrado apoderarse de ellas, mientras las pequeñas autoridades locales podrán mantener cierto poder construyendo recintos y pequeñas fortificaciones. En este momento, se estará ya en plena estructura feudal. Las alianzas entre poderes locales se apoyarán en el compromiso y no en las leyes, las relaciones individuales se basarán en la agresión, en la alianza por amistad o comunidad de intereses, y renacerán las costumbres elementales de hospitalidad para el transeúnte” (La edad Media ha comenzado ya. Umberto Eco, 1972).

Esta desestructuración de un Estado central fuerte lleva a que esas mafias territoriales ejerzan el poder real. Significa que deciden muchas cosas a costa de la libertad individual, en desdoro y descrédito, sin duda, del Estado de derecho (en esas situaciones es inevitable valorar a éste último: nunca fue más claro que no se pueden ejercer libertades si no hay órganos garantes de que el derecho sea observado y cumplido. A los múltiples admiradores del Estado revolucionario, donde esos derechos están proscritos o sometidos al arbitrio de la autoridad revolucionaria, el caos controlado de las mafias les podría parecer un buen ensayo que la emergente autocracia podría aprovechar, ¿será la causa de la inacción del lopezobradorismo contra el crimen, por más que no sea un movimiento revolucionario sino solamente populista? ).

También lleva a que sean ellos los que definan el uso del territorio. En una solicitud de transparencia que hice apenas en mayo pasado, dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le pregunté a la dependencia responsable de autorizar todos los cambios de uso de suelo en ecosistemas naturales del país, cuáles y para qué fin lo había permitido en los estados de Michoacán y Jalisco, donde se concentra 75 por ciento de la expansión aguacatera del país. La respuesta fue diversa, pero respecto a la autorización de huertas del fruto de Persea americana, contundente: ninguna autorización. El periodo es de 2010 a 2022, es decir, el momento de mayor expansión aguacatera, sobre todo en el segundo estado. Las fuentes académicas y oficiales de ambas entidades federativas lleva a estimar que, una de cada cuatro hectáreas, 75 mil de casi 300 mil, que albergan el monocultivo, se abrieron a costa de bosques y selvas. Es decir, necesitaban la autorización de cambio de uso de suelo. Nada más transparente respecto al modo en que el Estado mexicano no ejerce ya controles allí.

Y si nos remitimos a las acciones punitivas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia responsable de perseguir infracciones y delitos ambientales tan serios como el cambio de uso de suelo forestal ilegal, en el caso de Michoacán,entre 2019 y 2022, reporta haber realizado 58 clausuras de predios, 42 denuncias penales y 118 procedimientos diversos sobre 852 hectáreas. En el caso de Jalisco, en el año 2017, la Profepa realizó una acción de inspección y clausuras sobre 18 predios del sur de Jalisco con cambio de uso de suelo forestal ilegal, de los cuales, solo en cuatro casos se han pagado multas pero no se registra cumplimiento de las medidas de mitigación y restauración. En 2019, el gobierno del estado denunció cambios de uso de suelo en 108 predios del sur de Jalisco por una superficie total de 1,573.8 hectáreas, cuyos procedimientos no han culminado.

Si tomamos esos datos, podemos decir que la destrucción de bosques y selvas para aguacateras tiene una impunidad de 96.7 por ciento…. Siempre que los casos de esas alrededor de 2,500 hectáreas donde se abrieron procesos administrativos, no terminen en nada. Y hay razones para pensar que podría ser así.

“No podemos hacer inspecciones; me detuvieron a un grupo de inspectores y me los encañonaron. Los dejaron ir, pero les advirtieron que no se volvieran a parar por la zona”, me comentó un encargado de despacho de una delegación estatal de la Profepa, un par de meses antes de que presentara su denuncia por falta de apoyo. Esto deja clara la duda de que en realidad se vayan a llevar a término los procesos abiertos.

Es verdad, el creciente estigma sobre el aguacate mexicano por la destrucción forestal que su producción significa está justificado. Pero hay que insistir que solo uno de cada cuatro aguacates están en esa condición. El matiz es importante porque los apocalípticos pretenden echar todo en el mismo costal. Lo que, en abono de los apocalípticos, en modo alguno exime de la enorme carga ambiental que significa el uso del agua, el uso de agroquímicos y la carga inherente a todo monocultivo, que excluye la vida silvestre para garantizar la producción, en todos los espacios donde las huertas están implantadas, con permiso o no. Es decir, el hecho de tener huertas en viejos espacios agrícolas no permite pensar que es lo mismo que sembrar allí una hectárea de maíz: el llamado avocado es un cultivo más intensivo y más demandante de agua y de sustancias químicas potencialmente peligrosas.

La única respuesta que ha generado el mercado, ante la demanda de los consumidores de las naciones más ricas, que en busca de aquietar sus conciencias, y obstaculizar la comercialización de aguacate con daño ambiental (y con huella del crimen organizado, lo que es mucho más complejo), es la certificación ambiental de huertos y empaques. Pero solamente se tienen en México alrededor de 1,900 hectáreas certificadas en un universo que rebasa 330 mil hectáreas (227 mil hectáreas, según los registros del gobierno mexicano). Conviene aclarar el punto: la totalidad de las hurtas y empaques que exportan están con certificación fitosanitaria, porque de otro modo no podrían comercializarse en el exterior. Pero la exigencia de certificados ambientales todavía no es requisito para las operaciones comerciales. Tendrían que imponerlo los consumidores en sus países de origen: no recibir aguacate que no traiga certificado ambiental. “Me parece que para allá va todo, es el futuro, y es el modo en que se podrá enfrentar con más eficiencia el problema”, señala el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Graf Montero. Un punto a favor de Jalisco es que de las diez empacadoras certificadas del país, nueve están en ese estado.

Las certificaciones son fruto del trabajo entre la asociación de aguacateros más avanzada del país en temas ambientales, la Apeaj (Asociación de Productores de Aguacate de Jalisco), y el propio gobierno del estado. Y ante lo que se viene con la apertura del mercado de Estados Unidos, apenas llega a tiempo. Graf Montero señala que el mercado presionará y seguramente los quebraderos de cabeza por la apertura de nuevas huertas ilegales no terminarán. En un mundo apenas regulado, la demanda marca el ritmo. Y esa no es buena noticia en relación con los bienes ambientales. Punto para los apocalípticos.

Sin embargo, comprendamos a los integrados: el campo no podrá ser viable si no tiene una mezcla de posibilidades de inversión. No se puede vivir allí solamente de la producción de granos básicos y de abastecer el mercado nacional. La apertura comercial ha generado una enorme llegada de divisas a las zonas rurales del país. También, de problemas: lo viven en el día a día los productores de leche, de carne, de madera, de muchos alimentos en los que el país es autosuficiente. Producen para el mercado nacional, pero compiten con ellos productos de menor calidad que entran por las fronteras, una competencia desleal que baja el valor de sus productos y convierte en inviables muchas unidades de producción rural, sobre todo las más pequeñas, las socialmente más sensibles a esos transtornos y esas perversiones de mercado, que se van a la quiebra y hacen que sus integrantes… migren o cambien de oficio, dentro de lo cual, no hay que descartar su engrosamiento en las maquinarias feudales de los nuevos señores de los territorios abandonados por la política de “abrazos no balazos”.

Tras esta larga disertación, podemos decir que aquí no se trata de un blanco y negro. El aguacate, bien controlado, es una oportunidad de negocios que puede ayudar a las comunidades campesinas. Su margen de utilidad es altísima: el director técnico de la empresa forestal de Nuevo San Juan Paragaricutiro, en Michoacán, Gregorio Anguiano Echeverría, me dijo que en Michoacán, las políticas forestales no han podido impedir el auge del aguacate, que sustituye a gran velocidad a los viejos bosques de coníferas.

“Si comparamos una hectárea de aguacate, esta te va a dar utilidades de hasta 300 mil pesos libres por año; en cambio, una hectárea con aprovechamiento de madera solamente se aprovecha una vez cada diez años, y te deja de 70 mil a 80 mil pesos”. Así, el aguacate da al menos 37.5 veces más dinero, “no hay manera de competir”. 

Sin embargo, sí es posible. Y eso pasa por capitalizar al sector rural, a la agricultura y ganadería, y a la actividad forestal, con los apoyos necesarios para que se modernice e incremente su calidad, para mejorar precios, abastecer la demanda nacional, y también exportar. Y sin duda, un aspecto que ha quedado al margen por parte del gobierno federal en funciones: la creación de mercados verdaderos que paguen servicios ambientales a su valor real.  ¿Qué le es más útil a la sociedad, exportar miles de toneladas de oro verde, con su carga de agua y de impacto ambiental, o conservar el agua para usos urbanos y agrícolas, la captura de carbono para la regulación del clima y demás condiciones que hacen posibles los negocios en los territorios? Una mezcla es seguramente la mejor respuesta, pues implica diversificar fuentes de ingresos. Sin olvidar que en estos tiempos de cambio climático, la venta de bonos carbono en los mercados internacionales debe proveer de recursos frescos a los dueños de bosques, ejidos, comunidades y pequeños propietarios.

En resumen, no seamos demasiado dramáticos como los apocalípticos, pero para nada seamos ingenuos como los integrados.  Construir en la ruralidad un espacio económico que nos garantice agua y servicios ambientales, calidad climática, producción de alimentos y sitios seguros de recreo pasa por que el Estado reasuma sus obligaciones y acote a las mafias territoriales. Lo que lleva a quitarles el control de los negocios agrícolas más prósperos, como el aguacate, el limón o la madera. También, que dé carácter de seguridad nacional a la conservación de bosques y selvas, pero la única conservación posible es la que hace que los dueños de los recursos prosperen, lo que los hará los primeros guardianes del patrimonio natural y los mejores cultivadores de sus posibilidades.

El aguacate y sus fabulosas ganancias de corto plazo pueden ser un canto de sirenas que termine de destruir los bosques, o parte de una mezcla de soluciones para que la economía rural mejore. No podemos rehuir al reto de construir esa solución: los urbanistas, llenos de ideas incompletas e ingenuas sobre el mundo rural, pagaremos caro no empujar las políticas indispensables para alcanzarlo más temprano que tarde.

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