• La guerra, interrumpida solo por la visita del embajador de E.U. a Michoacán, se intensificó, pero quienes pagan los costos son los ciudadanos, con víctimas y extorsiones

Por Agustín del Castillo

“Vivimos bajo sus leyes; si no quieres pagarles derecho de piso, deberás dejar de trabajar. Y eso va para todos los que nos dedicamos al comercio en esta ciudad, independientemente de lo grande o pequeño que seas”, me comenta con resignación al otro lado del auricular, José Fernando, un comerciante de Uruapan al que conocí hace 35 años, cuando por primera vez visite esa bella urbe del oeste de la meseta Purépecha, rodeada por bosques de pino, con un clima templado magnífico, iglesias de adobe, paisajes de ensueño y una vieja y profunda historia de pueblos indígenas, cristianismo y mestizaje. Hoy, los amos de todo son los señores de los cárteles, quienes apenas suspendieron su guerra por el territorio el pasado miércoles 9 de marzo, para no perturbar mucho la visita de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, con quien no podían quedar mal, puesto que los aguacateros pagan… siempre que haya negocio.

Un viejo periodista me comentó hace décadas que uno de los problemas del narco mexicano es la ignorancia, sobre todo de los mandos medios hacia abajo, de nociones básicas de geopolítica. “Cuando Caro, Félix Gallardo y Don Neto torturaron y mataron al agente de la DEA Enrique Camarena y a su piloto Alfredo Zavala Avelar, con el apoyo de políticos mexicanos, no repararon que habían golpeado el avispero; el gobierno de Estados Unidos consideró inaceptable el asesinato de un ciudadano y además agente de seguridad, por lo que la presión sobre el gobierno de Miguel de la Madrid fue enorme, y provocó la captura de casi todos los implicados. Fue una dura lección: no puedes meterte directamente con ciudadanos de Estados Unidos, y mucho menos con representantes de sus agencias”.

Enrique “Kiki” Camarena agente de la DEA asesinado en México cuyo cuerpo se localizó en Vista Hermosa, Michoacán

¿Aprendieron? Uno diría que sí. Pero sería exagerar: la pax et indutiae dei (“paz y tregua de dios”, una noción jurídica propia de la Edad Media justo para suspender las guerras privadas de los señores) solo demoró el tiempo en que los vehículos del representante del socio comercial más importante de México salían de la región. Y parece que la obligada tregua solo sirvió para que regresaran con furia, por sus fueros, apenas unas horas después. Varios hechos a lo largo de este accidentado territorio: en Nuevo San Juan Paragaricutiro, cabecera de una comunidad purépecha de reputación internacional como modelo de silvicultura comunitaria y desarrollo en gran medida endógeno, apenas a las 8 de la mañana del 10 de marzo, la presidencia municipal fue asaltada por sicarios armados con rifles Barret y AK 47. La refriega se prolongó por horas, contra Guardia Nacional, ejército y policía estatal. El saldo fue de cinco muertos y más de una treintena de detenidos.

El caso es grave, si se considera que esta demarcación había podido mantenerse al margen del caos en que está inmersa la entidad desde hace quince años. La clave siempre fue el bajo perfil y la negativa de los comuneros a entablar cualquier diálogo con la mafia, además del uso permanente de todo el territorio comunal para inhibir invasiones, pues de allí sale madera certificada de la más alta calidad para el mercado nacional y de importación, así como maíz, carne, leche, agua purificada… y aguacate, el fruto perfecto para la nutrición, domesticado en México hace cinco mil años, y que hoy es la commoditie más famosa del campo mexicano, con la meseta Purépecha en primer lugar en su producción a nivel mundial.

“Lo fuerte se dio en Nuevo San Juan Parangaricutiro, pero también mataron al alcalde de Aguililla (César Valencia), y usted habrá visto en redes y You Tube, un video de una escuela, donde se escucha ráfagas y los niños y maestros de tiran al suelo; eso es también a 20 minutos de aquí, en Matanguarán (o San José del Valle), que es de los primeros pueblos bajando a Tierra Caliente, rumbo a Nueva Italia y Apatzingán”, me explicó el comerciante de Uruapan.

Además del alcalde de Aguililla, uno de sus asesores fue asesinado tras su secuestro

En cuanto a la ciudad de más de 356 mil habitantes, según el Censo del INEGI de 2020, sus moradores se han acostumbrado a vivir bajo amenazas. “Aquí hay advertencias de que va entrar los de Jalisco contra los Viagras (cárteles unidos); circulan varios tipos de comunicados, por ejemplo, esta noche me llegó uno con la advertencia de que habría toque de queda a partir de las once de la noche, y está supuestamente firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación; pero hay otro de los Carteles Unidos donde señalan, del mismo modo, que no hay conflicto con el pueblo de Uruapan pero sí con quienes han facilitado el ingreso de los Jalisco, y mencionan al diputado federal Ignacio Campos Equihua, ex síndico de Uruapan hasta 2018, y hoy diputado federal. Y todo el tiempo es así”.

– ¿Y la autoridad dónde está?
– Usted sabe… aquí en Uruapan hay todo tipo de cuotas. A mí me querían cobrar, por vender, y decidí dejar de vender en tiendas. No queda otra que vivir con bajo perfil. Pero a todos les cobran: taxis, empacadoras de aguacate, carnicerías, mercados ambulantes, algunas taquerías. La meseta Purépecha está de dar miedo.

De por sí, la carga de mortalidad por COVID 19 ha llevado luto a muchos moradores. José Fernando perdió a su abuela de 95 años y a su padre de 75. Muchos viejos fueron arrasados por la primera ola del coronavirus, en 2020. La depresión, acentuada por el encierro y el estado de sitio en que se vive bajo la pax y la bellum narca, también ha hecho crecer la tasa de suicidios. Y los asesinatos normalizados de los familiares de los hombres que se suman a las filas de los sicarios. A Alberto, vecino de Chilchota, primero le ocurrió la muerte de su padre por COVID 19, y luego le asesinaron a su sobrina, novia de un pistolero, “para que escarmentara, le dijeron”.

Esto es solamente en el teatro michoacano que está encendido por la lucha territorial entre el CJNG, la organización criminal más poderosa del país, y los diversos herederos de la famosa Familia Michoacana, devenida en Caballeros Templarios y a últimas fechas, fragmentado en plazas diversas, lo que ha intentado aprovechar la agrupación de Nemesio Oseguera Cervantes, ex jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa, por cierto, nativo de Aguillilla.

Pero el 10 de marzo no solamente se incendió el lado michoacano. El vecino Jalisco, prolongación occidental del modelo de negocios aguacatero y del manejo territorial de los criminales, vivió una jornada difícil en la localidad de La Garita, en la carretera estatal que va de Mazamitla a Tamazula de Gordiano. Dos trailer fueron incendiados y cundió el pánico. El ayuntamiento decidió suspender labores, pero su anuncio en redes fue bajado en pocos minutos, con la promesa de intervención estatal y federal. La misma jornada también fue negra para el municipio de Jocotepec, en la ribera de Chapala, a menos de 70 kilómetros de Guadalajara, donde dos policías fueron asesinados por presuntos sicarios mientras atendían un percance automovilístico en la carretera que corre por el sur del lago, cerca del ingreso a Zapotitlán de Hidalgo, frente al impertérrito Cerro Viejo, la montaña no volcánica más alta de Jalisco. La postura del gobierno del estado fue “no caer en el pánico” y movilizar patrullas propias y de la Guardia Nacional por la amplia zona geográfica.

¿De verdad aprendieron la lección del asesinato de Camarena, de 1985? El gobierno de los Estados Unidos, país que recibe la mayor parte de la cosecha de aguacates michoacanos, y a partir de enero pasado, de Jalisco, suspendió la compra del producto michoacano por las amenazas a un inspector del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura (USDA-APHIS, por sus siglas en inglés), anunció que se dio el 14 de febrero pasado. Luego, se alcanzaron acuerdos y se reanudó la compra a condición de trabajar para reducir la huella criminal en el producto que inunda los hogares estadounidenses, sobre todo durante el Super Bowl, el principal encuentro de Futbol americano cada año en ese país. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) pidió a sus miembros a cuidar la cadena de comercialización y la trazabilidad del producto, es decir, se debe buscar que el fruto que llega a los hogares estadounidenses no tengan la huella del crimen. El gobierno de ese país reabrió la compra, pero la visita de Ken Salazar destaca la preocupación directa en que no se vuelva a intimidar a su personal. En el caos de las disputas por el territorio, a los cárteles parece que se les olvidan lecciones de la historia y generan afectaciones potencialmente multimillonarias para un sector que da 300 mil empleos, según la APEAM… además de “derechos de piso” muy redituables en la industria de la extorsión.

“Visité a productores y empacadores de aguacate en #Michoacán. Me quedó claro el verdadero valor que tiene el “oro verde” para nuestras cadenas de suministro, para las familias de productores, y para la prosperidad de la región”, publicó el embajador en la cuenca oficial de Twitter de la embajada (@USAmbMex). “Gracias a @apeamac y a Global Frut por el tour y por su compromiso y esmero con la producción y distribución del #aguacate que amamos y consumimos en los #EEUU…”.

“No celebro que tenemos los ‘warning’ (literalmente, “peligro”) a los turistas, que ahora no deberían venir aquí a esta entidad, eso no es lo que quiero yo para los Estados Unidos o para sus ciudadanos que quieren viajar a Morelia, queremos un lugar más seguro”, dijo a la prensa local el 9 de marzo. Al día siguiente, comenzó el asalto a la presidencia de Nuevo San Juan, se perpetró el asesinato de un presidente municipal y se mató a dos policías en las carreteras de Jalisco. Las tierras aguacateras demuestra que la lección de 1985 no ha sido bien aprendida.

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