• Hecho inédito en el sector lechero ante la crisis de comercialización
  • Por Salvador Y. Maldonado Díaz

San Julian, Jalisco. 11 de abril de 2018.- Los ganaderos alteños fueron atendidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una vez que este organismo atendió la queja que le interpuso sobre el problema de comercialización de la leche que afecta a productores de varios municipios de Los Altos de Jalisco, una de las principales cuencas lecheras del país.

Así lo informó el dirigente lechero y exalcalde de este municipio, José Refugio Muñoz Pérez, quien refirió que esta petición que se ha turnado ante el Ombúsdman nacional, es otra acción que se deriva de la situación desesperada que tiene porque hay volúmenes de leche que no se puede comercializar, lo que trae severos problemas a las familias de los productores.

Citó el ejemplo de una leche que el fin de semana pasado “se envió primero a Nestlé y como esta empresa no la aceptó se turnó a la planta de LICONSA en Tlalnepantla, y como tampoco se recibió se tuvo que tirar la leche porque ya no pudo ser deshidratada”.

Dijo que lamentable varios organismos gremiales no los han apoyado, “como el caso de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, con todo y su diputado federal Osvaldo Cházaro Montalvo”

Las siete peticiones de los ganaderos

El documento de la queja, con  el folio 20958/2018, sintetiza en siete puntos las peticiones por presuntas violaciones a los derechos de los ganaderos : La primera petición tiene que ver con medidas cautelares “a fin de evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas, o en todo caso, evitar la producción de daños de difícil reparación para nosotros”; así, se busca “que se adopten las medidas necesarias para proteger nuestra libertad personal, nuestra integridad personal, nuestra vida y no seamos sujetos de represiones, amenazas y/u hostigamientos por parte de las autoridades federales, estatales y las que correspondan, inclusive de particulares”.

También, “que se dicten todas las medidas que procedan a fin de salvaguardar nuestras fuentes de trabajo y se eviten daños irreparables en los mismos; inclusive el que se nos impida el volver a nuestros ranchos y/o casas, y/o establos”. Esta medida “que es de urgencia el que se aperture una investigación efectiva de los hechos y el reconocimiento de coadyuvancia por parte del Ministerio Público; y que ante todo no se nos criminalice”.

La segunda petición de los ganaderos es pedir al presidente de la república, al secretario de Agricultura y Ganadería; al director de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa); al secretario de Economía; al procurador de la defensa del consumidor y a las autoridades de Jalisco, que “rindan informe sobre actos, omisiones o resoluciones” que se les atribuye.

La tercera petición: que se solicite al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “que rinda un informe sobre la integración de los expedientes para interponer las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República”, en contra de los quejosos.

La cuarta es para la Secretaría de Economía: “que rinda un informe sobre si ha aplicado todos los mecanismos legales a fin de proteger y resguardar nuestro sector productor de leche, o en todo caso, a qué se ha comprometido al respecto, o qué ha hecho, ante la firma del denominado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”. Quinta, “que se solicite a la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, que aglutina a las principales empresas industrializadoras de la leche, la información pertinente sobre la problemática que vive el sector lechero y su relación con los productores de leche, como los suscritos, y qué acciones han emprendido para defender al mismo ante la firma del Tratado internacional arriba citado”.

Sexta, “que se ordenen la práctica de visitas, inclusive alguna o algunas audiencias públicas en nuestros municipios, inspecciones y el desahogo de pruebas testimoniales pertinentes de los productores lecheros afectados, diligencias a desahogarse en nuestra región alteña, en particular en los municipios, ranchos, establos, y unidades de producción que han sido afectados y que se asientan en los Municipios Alteños: San Julián, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Jalostotitlán, San Miguel El Alto, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, San José de los Reynoso, Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Valle de Guadalupe, entre otras, a fin de identificar las afectaciones que han sufrido los productores de dichas localidades y las afectaciones que se vienen sufriendo al día de hoy, y que tienen que ver con la violación al derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud y al desarrollo, así como al acceso efectivo al agua para el consumo humano y para la producción de alimentos, como la leche y la carne, entre otros”.

Siete, “que se ordene la comparecencia de peritos que consideren necesarios, y que se efectúen todas las acciones que conforme a derecho juzguen convenientes” para documentar la queja.