- La creación del nuevo instituto es parte de una estrategia para migrar de un modelo de acceso a la salud como prestación laboral, a uno que lo garantice como derecho humano.
- Sin embargo, la manera como se ha echado a andar genera más dudas que certeza, coinciden académicos.
Guadalajara, Jalisco. 21 de febrero de 2020.- Según el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Esta disposición se alinea con los tratados que ha suscrito el país en los que se estipula que el acceso a la salud ha de ser universal, ya que se trata de un derecho humano.
Sin embargo, en la práctica las cosas son muy distintas. De entrada, el acceso a los servicios de salud está vinculado con el empleo —Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— o la milicia —Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)—, lo que deja sin protección a parte de la población.
Para atender esta situación se creó en 2004 el Seguro Popular en un intento por ampliar la cobertura de los servicios de salud. Dicho modelo funcionó hasta la entrada en funciones del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), propuesta con la que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sustituyó al Seguro Popular, y cuya puesta en operación no ha estado exenta de polémica y dificultades.
Carlos Moreno, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO y coautor del libro Seguro Popular y federalismo en México. Un análisis de política pública, opina que la decisión del gobierno federal “en principio, no me parece correcta”.
El también coordinador del Doctorado Internacional en Bienestar Social del ITESO, señala que el Seguro Popular —creado durante la Administración de Vicente Fox— estaba montado sobre principios válidos y contaba con algunos puntos rescatables.
Para empezar, menciona, era un mecanismo que buscaba garantizar el acceso a los servicios de salud para la población sin seguridad social; tenía también un cuerpo normativo más completo que el que tiene ahora el Insabi, y permitía transparentar el financiamiento, que dependía de recursos federales, estatales y de las cuotas de los afiliados. Por otra parte, al depender de la cantidad de afiliados, permitía una financiación en función de la demanda.
Por eso, aunque “obviamente tenía muchísimos problemas”, matiza Moreno, el cambio de modelo y su implementación ha sido apresurado.
“El Insabi es demasiado incierto. El Seguro Popular tuvo mucho tiempo de preparación, se echó a andar a partir de un diagnóstico, no se puede acusar de improvisado, cosa que no está ocurriendo con el Insabi”, añade.
Aunque es evidente que el modelo se prestó para la corrupción —“sobre todo con Peña Nieto”, subraya Carlos Moreno—, habría resultado mejor buscar combatir dicha corrupción antes de crear otro modelo.
No obstante, el académico señala que el Insabi puede resultar un modelo “viable para estados con un servicio de salud desmantelado”. Sin embargo, en este momento, todavía es una apuesta incierta.
En ese sentido, el profesor del Dsoj señala que dos años serían un periodo razonable para evaluar la marcha del nuevo instituto, ejercicio en el que habrán de considerarse diversos indicadores, entre ellos “tiempos de espera, la calidad de la atención, el catálogo de intervenciones, el abasto de medicinas y, uno muy importante, cuánto pone la gente de su bolsillo”.
Para Ignacio Román, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM) del ITESO, la creación del Insabi es “una propuesta necesaria, correcta, aterrizada de una manera caótica. Hasta donde hemos visto, está mal ejecutada”.
Al igual que Moreno, Román pone la mirada en el hecho de que en México la seguridad social está vista más como una prestación laboral que como un derecho universal, por lo que en ese sentido sí era necesario un nuevo modelo porque sí hay una urgencia real, pero “el aterrizaje rápido y no gradual del modelo es un problema. Es necesario un cronograma que lleve a un uso eficiente del nuevo sistema de salud”.
Para Román Morales la creación e instrumentación del Insabi deben ir acompañadas de una manera diferente de entender la atención médica en el país, ya que el problema debe ser visto no sólo desde la perspectiva médico farmacológica.
“La solución pasa por muchas otras áreas. ¿Qué pasa si involucramos a los que bombardean con comida chatarra, a los productores de alcohol, de tabaco, a la industria automotriz para que asuman su responsabilidad en el deterioro de la salud de las personas? Esto permitiría repartir los costos de la atención entre el Estado, las empresas y los ciudadanos, habría más recursos fiscales y permitiría entender la salud no sólo como una relación médico-paciente”.
Sobre algunos referentes internacionales, Ignacio Román señala que hay varios ejemplos de servicios universales de salud que sí funcionan, como los de Inglaterra, Francia, los países escandinavos o, incluso, Cuba.
Sin embargo, asegura que en México ahora no es viable un sistema universal, aunque podría serlo. Para eso, concluye, “es necesario buscar una lógica operativa y financiera para poner orden administrativo”. De otra manera no será posible.
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