- Historias del agave azul: destrucción de selvas. caducifolias, contaminación de suelos y acuíferos
Agustín del Castillo
Los datos son contundentes: en 1990, cuando despuntaba la primera ola del auge internacional del tequila, ese destilado del agave Tequilana Weber variedad azul, ejemplo conspicuo de la cultura mestiza del occidente de México, apenas se registraban 20 mil hectáreas de tierras sembradas con la agavácea cuyo uso se remonta hasta nueve mil años en Mesoamérica. En 2021, la última estimación hecha por el Consejo Regulador del Tequila en los cinco estados de la república con denominación de origen, se marcó una expansión de 1,500 por ciento, para ubicar en 300 mil hectáreas (210 mil hectáreas en Jalisco) la extensión de esas plantaciones. El crecimiento remite al éxito de la bebida, pero sin duda, también a la destrucción ambiental que ocasiona.
Buena parte de esas tierras antes eran selvas bajas caducifolias o pastizales naturales. El cambio de uso de suelo a agave es particularmente agresivo por ser un monocultivo, por ubicarse con frecuencia sobre laderas empinadas y por requerir un tratamiento totalmente excluyente de malezas que fomenta la erosión y un tratamiento de control de plagas con agroquímicos, que genera contaminación cuenca abajo. Y si esto se hace en superficie con una vocación diferente, el daño no se reduce al desmonte del entorno natural, siempre más complejo que cualquier cultivo inducido y con más amplias funciones ecosistémicas, que van desde la formación del suelo hasta el refugio y alimento de hervíboros y depredadores.
Pero como siempre ocurre en temas de mercado, el elevado margen de ganancias en un entorno como el mexicano, con endeble estado de derecho, funciona como incentivo para violar la ley. En muchos casos ni siquiera se avisó a la autoridad del cambio de uso de suelo, y la industria recibía sin problemas la producción ante la demanda insatisfecha (aunque el mercado ha sido cambiante y en ocasiones, la saturación reduce precios y desploma espacios productivos; no obstante, la línea ascendente en superficie cultivada es la tendencia dominante en 30 años). Luego, cuando se levantó la alarma por los cambios de uso de suelo ilegales, los más decentes hicieron los procedimiento formales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), única autoridad en México para permitir cambio del uso forestal.
Los astutos intentaron, frecuentemente con éxito, convencer de que sus plantaciones eran viejas parcelas agrícolas. Y para eso ha sido útil exhibir contradicciones en los diversos instrumentos estadísticos y geográficos disponibles. Por ejemplo, una controversia en por una superficie incorporada en el municipio de Ixtlahuacán del Río: el Programa de Ordenamiento Ecológico local, que se supone que tiene vigencia legal en la regulación del territorio, establece para ese predio un uso de conservación, por tratarse originalmente de una selva baja caducifolia. Pero el particular no solamente desmontó, sino que reclamó a la Semarnat impedir al gobierno municipal que lo sancionara con base en los mapas del INEGI, donde la misma demarcación tendría un uso agrícola.
“Es uno de los retos, hacer que los ordenamientos sean respetados a todos los niveles, pues el ejercicio se hace para que el control de los territorios no se vaya por el caos”, comentó sobre el tema la investigadora de la UdeG Leticia Loza Ramírez, quien colaboró en la realización del POEL de ese municipio que colinda con Zapopan y Guadalajara.
Un tercer grupo de productores se va por la libre. Aprovecha que las autoridades reguladoras son prácticamente inexistentes en el territorio: las normas de austeridad aplicadas por el gobierno federal han nulificado la acción de la secretaría para revisar los permisos en el terreno; y posteriormente, si se alteran los polígonos autorizados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también afronta una severa merma de personal (que ya era notoriamente insuficiente antes de 2019) y como efecto, quedan en letra muerta, o en una acción aplazada por meses, la determinación de ilegalidades. La impotencia de estas actividades también deriva de que muchas zonas rurales de los estados productores están en manos del crimen organizado, que suele ser el que da permisos de facto para las plantaciones.
SURGE ARA
“Estamos reconociendo todos estos problemas; nuestra disyuntiva cuando se nos planteó el asunto, era interponer denuncias y esperar algún resultado más bien escaso de las acciones punitivas de la Profepa y juicios largo de resultado incierto; decidimos con el Consejo Regulador del Tequila que lo más sensato era sentarnos a encontrar soluciones, y echamos adelante un sistema de control que debía partir de un año; se definió hacer un mapa base que fija en 2016 la frontera del agave. Todo lo que desde entonces haya implicado cambio de uso de suelo, no tendrá mercado para venderse”, señala el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Graf Montero. Es un compromiso que se facilita por la integración del CRT, que tiene el control completo de la cadena de producción y comercialización y tiene como misión esencial el respeto a la denominación de origen.
De ese modo ambas entidades sumaron a la Cámara Nacional de la Industria del Tequila (CNIT) para empujar una certificación ambiental denominada Agave Responsable Ambiental (ARA), que fija el protocolo con base en el mapa “de elegibilidad del agave”, que lo elaboraron conjuntamente la Semadet y la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El mapa no solo precisa las fronteras forestales a 2016; también indica los suelos con vocación agrícola en donde se pueden establecer plantaciones.
El objetivo es que para 2027, inicialmente en Jalisco, el abastecimiento de agave azul destinado a la producción de tequila, no haya provocado deforestación de bosques naturales. Y desde 2021 se ha impedido el registro de nuevas plantaciones en terrenos que hayan sido deforestados, noticia que necesita socializarse más: en diversos municipios de Los Altos de Jalisco, de la región centro y del norte, hay denuncias cotidianas por desmonte ilegal de superficies.
El CRT informa que durante 2020 se consumieron un millón 407 mil toneladas de agave que derivó en 374 millones de litros de tequila. 73 por ciento de las plantaciones de agave establecidas dentro del territorio de la Denominación de Origen Tequila se encuentran en Jalisco, con un total de 210 mil hectáreas.
Entre 1993 y 2013, Jalisco perdió 729,200 hectáreas de bosque y selvas, según la Semadet. De estas, fueron cambiadas a pastizales 455,603 hectáreas, mientras se convirtieron agrícolas 273,597 hectáreas. La actividad ganadera, el cultivo de agave y de aguacate son las causas directas más importantes de la deforestación. La industria del tequila ocupa el 6 lugar en aportaciones del PIB de Jalisco. Hay alrededor de ocho mil productores de agave registrados con 210 mil ha sembradas.
En el resto del país, el agave azul se cosecha en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas, donde se estima que hay entre 75 mil y 90 mil hectáreas sembradas con la materia prima de la bebida.
De hecho, ya se dieron los primeros pasos para que el control del cambio de uso de suelo alcance esos territorios. “Tenemos ya formado el primer convenio con el estado de Guanajuato, que se va a incorporar para regular el fenómeno en su ámbito territorial”, apunta Graf Montero.
Lo interesante de la certificación ARA es que, aunque cuenta con instrumento públicos, busca prevenir más que sancionar. Y el incentivo fuerte para no cometer tropelías con los ecosistemas es la negativa a que se reciba el agave generado en esas circunstancias. Las empresas tequileras deberán transitar a consolidar ARA como garantía de que no hay daño ambiental, y en la medida en que produzcan con materia prima proveniente de espacios certificados, tendrán derecho a usar el sello ARA, que se pretende genere una certidumbre a los compradores internacionales, “que cada vez están demandando más esta seguridad”, apunta el titular de la Semadet.
El CRT es el principal interesado en que este proceso sea exitoso. La generación de la marca ARA (Agave Responsable Ambiental) obligará a toda la industria a ajustarse a los parámetros de “deforestación cero”, señala el responsable de proyectos de sustentabilidad del Consejo Regulador del Tequila, Carlos Fernando López de la Cruz. “Los que se animen a producir fuera de los márgenes señalados en la cartografía, deberán pensarlo muy bien, porque será difícil que encuentren con quién comercializar”. Coincide con Graf: en 2027, se ambiciona que toda la cadena del tequila esté transparentada, su trazabilidad garantice el costo ambiental cero en cabio de uso de suelo, y todas las botellas de tequila porten el distintivo ARA. En estos meses se presentarán las primeras dos producciones bajo el sello ARA.
¿Cómo puede un productor saber si sus terrenos se ubican dentro de la zona de producción legal? Cualquier ciudadano puede ingresar a https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa. Allí se registrará y seleccionará el ícono de un agave o maguey, tras lo cual, al meter datos de ubicación, se georreferencia y se exhibe la información específica del predio. Ese es el primer camino para tomar decisiones. El mapa base no se puede modificar, eso es el fundamento de la certeza que ofrece. Sin embargo, los dueños de predios privados o parcelas tienen derecho a demandar revisión si consideran que el uso de suelo está mal determinado, lo que abre un procedimiento en el que se interponen pruebas y se llega a determinación. “Muchas veces hay problemas en franjas muy estrechas que quizás no fueron bien determinadas, o en zonas de frontera entre lo rural y lo forestal, pero siempre está abierto a una revisión”, añade Graf Montero.
“…La dinámica más agresiva de los últimos años fue con el incremento del precio que empezó en 2017, y que no se ha detenido. La expansión de la frontera forestal ha sido muy fuerte, y se pueden ver reflejada en los datos de la producción; ARA es la oportunidad de revertir el problema sin tener que esperar la acción de otros ámbitos oficiales, que no se está dando”, subraya.
HISTORIA CENTENARIA
Agave de regiones semisecas, el auge inicial de su destilado estuvo muy localizado en las mesetas enclavadas entre el río Santiago y el volcán de Tequila, al oeste de Guadalajara. El historiador José María Muriá afirma que los impuestos que generaban las prósperas haciendas tequileras de Amatitán, El Arenal y Tequila, fueron el recurso fundamental para construir uno de los edificios más notables y magníficos de la capital neogallega: el hoy palacio de gobierno de Guadalajara, cuyo valor artístico ha sido enriquecido hace menos de un siglo con los impresionantes murales de José Clemente Orozco, el hijo de los volcanes del sur de Jalisco.
Si el palacio simboliza la primera medalla al logro de una industria autóctona en el lejano siglo XVIII, el arte mexicano, y sobre todo, el cine nacionalista a partir de los años 30 del siglo XX, le dieron a la bebida su dimensión de icono cultural que no ha perdido casi un siglo después. Pero fue con la apertura de México a partir del tratado comercial de 1994 con Estados Unidos y Canadá, cuando se dio la verdadera mundialización.
Las películas y las series de televisión de Hollywood, y posteriormente en el cine europeo, se hace eco del brebaje bravo y ardiente -José Vasconcelos lo apodaba “licor de bárbaros”- que acompaña y enardece el coraje de sus consumidores para hacer una revolución, asaltar un banco, asesinar a un colega, o aceptar con mansedumbre la muerte. ¿Cuántos millones de televidentes en el mundo no han visto una y otra vez la escena de la serie de HBO Los Soprano, cuando los mafiosos italoamericanos, tras apurar con nervios una botella de tequila, llenan de balas a un viejo amigo traidor, y luego lo arrojan al mar?
Esa dimensión de reconocimiento comercial y cultural del tequila mezcal, obliga a tomar decisiones para garantizar el coto ambiental cero de la bebida. Y no solo es el tema de los cambios de uso de suelo. El problema de la contaminación por vinazas también es enorme. El gobierno del estado también lo tiene en la agenda, pero los cambios demoran más.
CONTAMINACIÓN DE AGUA Y SUELOS
Se calcula que entre 1998 y 2021, la expansión del mercado tequilero ha sido superior a 4 por ciento anual. 156 fábricas de diversos tamaños se ubican dentro del territorio de Jalisco.
El presidente municipal de Ayotlán, Rodolfo Hernández Sánchez, denunció en octubre de 2021 un desastre ocasionado por el almacenamiento de vinazas en un predio contiguo a la cabecera. La infraestructura colapsó, y millones de litros se fueron cuenca abajo por un arroyo, invadieron la presa de San Onofre, y destruyeron el presente y parte del futuro de una cooperativa de pescadores: más de 100 toneladas de peces de diversas tallas y especies comerciales murieron de asfixia por la agresiva oxidación generada por la melaza. Cinco mese después, la planta de vinazas permanece cerrada, pero no hay sanciones formales y la remediación biológica del sitio no ha comenzado, más allá de sacar los peces muertos y bajar la acidez del cuerpo de agua con descargas de cal.
“Los sitios dañados de ese modo difícilmente se pueden remediar”, objeta el ingeniero químico José Luis Arroyo Ruiz. Señala que a su juicio, la industria tequilera no quiere asumir su responsabilidad en el tema. A su juicio, ninguna planta cumple a 100 por ciento con las normas de descarga, que de por sí, son “demasiado flexibles”.
Los casos de daño por contaminación son usuales en la cuenca del río Zula, que nace en los municipio de Arandas y Atotonilco, donde se concentran las factorías tequileras. Es afluente del Santiago, el cual, luego de atravesar la frontera norte de Guadalajara, vierte hacia el oeste y recibe descargas contaminadas de las plantas de la región de Tequila.
“Es una porquería la que nos están dejando; mi trigo tiene cada vez cosechas más bajas, porque la melaza toca al suelo e impide crecer bien los cultivos. Luego, en los predios y cerca de los centros de población, el agua nauseabunda hace imposible vivir con dignidad”, denuncia el agricultor Roberto Tiscareño, de Atotonilco. “Si el asunto es de dinero, que nos lo digan. Les pagamos si nos dan agua de verdad limpia, porque lo que recibimos no lo es”, clama desesperado.
Según el portal Statista.es, la producción de tequila en todo el país, en 1995, fue de 106 millones de litros. Empezaba el primer boom de la bebida. En 2008, alcanzó un pico de 313 millones de litros. A partir de 2018 no ha dejado de crecer por arriba de esa marca: 309 millones en ese año; 351.7 millones en 2019; 374 millones de litros en 2020, ya en medio de la pandemia que más ha impactado el estilo de vida planetario en al menos un siglo (https://es.statista.com/estadisticas/1092130/produccion-tequila-mexico/). Aun así, se estima que la producción de 2021 habría mantenido su tendencia al crecimiento. Se estima que por cada litro de tequila se generan de 10 a 14 litros de vinazas, lo que lleva la producción anual de este subproducto a más de cuatro mil millones de litros. Una parte de estos se utilizan en los regadíos de parcelas, pero parece que su efecto ha sido nocivo para el desarrollo de los cultivos. El resto, sin volúmenes medidos, va a cuerpos de agua o al subsuelo.
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