Durante la presentación del informe “Costos de la impunidad”, investigadores hicieron hincapié en que este problema tiene muchas más aristas de las que se conocen comúnmente y, además, ha ralentizado el crecimiento del país. 

Es una verdad conocida: cuando alguien comete un delito en México, la probabilidad de que no reciba castigo es mayor a 95 por ciento. En algunos estados, el porcentaje llega casi a 100 por ciento. Es lo que se entiende por impunidad. Lo que no es tan conocido es que ésta se puede hacer presente en otros aspectos de la vida cotidiana, así como en el costo que representa para un país tener una tasa tan alta de impunidad. Tal es el objetivo de Costos de la Impunidad, un proyecto que a lo largo de dos años se dedicó a investigar el tema y que, al final, llegó a la conclusión de que la impunidad le cuesta al país 422 mil 390 millones de pesos al año. 

El informe, financiado por la Fundación Ford, fue presentado por Patricia de Obeso, consultora de Creatura, Critical Thinking Advocates, y Alejandro Anaya, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO. Luego de una presentación en Ciudad de México y previo a la de Monterrey, hicieron una escala en Guadalajara, en la Casa ITESO Clavigero, para mostrar algunos de los hallazgos de una investigación que, en palabras de Anaya, tenía por objetivo “generar y difundir información novedosa sobre los costos humanos, sociales y económicos que tiene la impunidad, basados en evidencia empírica”.

El profesor de la universidad jesuita de Guadalajara añadió que optaron por utilizar el concepto “costo” para “subir el nivel de la discusión pública en México, porque es un problema que nos afecta a todos”. 

El informe, detalló Patricia de Obeso, está integrado por entrevistas a empresarios, expertos de la sociedad civil y académicos; un apartado para analizar la experiencia de Colombia en el combate a la impunidad y una serie de textos a cargo de Eva Arceo, académica de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México; Laura Rubio, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Daniel Vázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Horacio Ortiz, del Colegio de México (Colmex), coordinados por De Obeso y Anaya. 

¿Qué encontraron? Primero, lo que ya se ha repetido en muchos estudios, informes e investigaciones periodísticas: en México los índices de impunidad se encuentran arriba de 90 por ciento y hay poca diferencia entre el estado con mayor índice respecto del que presenta un menor porcentaje.

Como este dato ya era de sobra conocido, el informe buscó ir más allá y encontrar la correlación que existe entre la impunidad y tres temas: homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado. Y es que, explicó Patricia de Obeso, “hay distintas impunidades debido a la ineficiencia institucional”. Así, encontraron que había más casos de desaparecidos y desplazados según el porcentaje de impunidad.

“De acuerdo con la correlación que encontramos, por cada punto porcentual que se redujera la impunidad, habría 173 desaparecidos menos”, detalló De Obeso. Para ejemplificar, puso el caso de Jalisco, donde en 2016 se registraron 31 mil 810 hogares desplazados. Si se hubiera investigado cien por ciento de los casos, habría cuatro mil 696 casos menos, y si el 100 por ciento de los casos hubiera tenido una sentencia, habría que quitar 14 mil 796 casos de la lista. Es decir, casi la mitad. 

Pero, la impunidad tiene alcances más grandes, que en el estudio son presentados como costos directos e indirectos: cuesta dinero, sí, pero también vidas humanas, salarios, patrimonio, gastos jurídicos, bienes materiales, y afecta a las personas física, mental y anímicamente.

Más ejemplos: de 2007 a 2018 se registraron 20 mil 760 personas desaparecidas, lo que representó un impacto en pérdida salarial de 10 mil 226 millones de pesos. Si se traslada la medición al rubro de los homicidios, resulta que, en el mismo periodo, los 228 mil 957 asesinatos registrados representaron una pérdida de 135 mil millones de pesos.

Esto quiere decir que el aumento en homicidios durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” provocó una caída de 0.625 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cada año. De seguir esta tendencia, para 2050 la economía mexicana habrá perdido 12 puntos de crecimiento del PIB, explicaron los investigadores. 

La deuda impagable 

La investigación le puso cifra exacta al costo de la impunidad: 422 mil 390 millones de pesos al año, además de una reducción de cinco por ciento a lo que llaman “voluntad de emprender”. Es decir, las ganas que tienen los ciudadanos de echar a andar un negocio y que se ven minadas ante el riesgo de ser víctimas de la delincuencia.  

Más cifras: de 2006 a 2017 se registraron 209 mil 401 homicidios. Si a cada familia afectada se le indemnizara con la cifra máxima que contempla la ley —477 mil 553 pesos—, el Estado tardaría cien años en cubrir la deuda. Eso, en un escenario ideal en el que ya no hubiera más homicidios. “Hay una deuda impagable con las víctimas”, señaló De Obeso. 

En un país donde las investigaciones abundan pero los cambios de raíz escasean, Anaya explicó que el objetivo particular de esta investigación es llegar fuera de lo que se llama “el círculo rojo”, es decir, llegar a la gente de a pie.

“Los expertos ya saben lo que pasa, las autoridades también, por eso queríamos llegar a esta población, que es más difícil que se involucre en estos temas y que además es una población más dispersa”.

Por eso, añadió, hicieron un trabajo intensivo durante diez meses para difundir los hallazgos en redes sociales, echando mano de infografías y demás recursos para hacer accesible la información.

En ese sentido, Patricia de Obeso agregó que la idea es “generar redes y vínculos para sumar esfuerzos, brindar herramientas para atraer la atención hacia otras organizaciones que hacen trabajo más especializado”. 

En http://www.costosdelaimpunidad.mx/ está disponible el informe completo, así como los materiales que se prepararon como parte del proyecto.