- Expertos en seguridad pública debaten acerca de los retos de la seguridad pública durante la pandemia por COVID-19
La pandemia por COVID-19 es la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana, y las autoridades de Jalisco deberían de priorizar las estrategias para salvaguardar las vidas humanas antes que otros temas, afirmó este viernes el especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor Marcos Pablo Moloesnik.
Durante el webinar “COVID-19: El futuro de la seguridad pública”, organizado por esta Casa de Estudio y Jalisco a Futuro, el investigador del Departamento de Estudios Políticos, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), dijo que el tema prioritario de la seguridad es la atención de la contingencia sanitaria, porque “el derecho a la vida es el más sagrado de los derechos humanos”.
Señaló que la otra pandemia es “la violencia homicida criminal”, pues 70 por ciento de los asesinatos son cometidos por el crimen organizado en una entidad en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene una presencia importante.
En medio de la crisis humanitaria “sin parangón” y la violencia, el gobierno estatal ha establecido como prioridad la reforma policial y ha dejado de lado la política de prevención de contagios, permitiendo que el transporte público circule lleno de personas, muchas de ellas sin cubrebocas, y que en las oficinas gubernamentales se permita la presencia de personas sin la distancia mínima de seguridad, denunció el especialista.
Cuestionó si en este contexto la reforma policial debe de ser prioritaria en la agenda pública, pues este tipo de cambios suelen ser “disruptivos, traumáticos y costosos”, pues afecta a la cultura organizativa y a los miembros de los cuerpos de seguridad pública.
El académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), doctor Willy W. Cortez, consideró que esta reforma sí es necesaria no sólo en Jalisco, sino en todo el país, pues hay dos mil 500 municipios con características heterogéneas, donde no hay un criterio único en la profesionalización de los elementos de seguridad.
Destacó que en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la policía municipal y los agentes de tránsito son los peor evaluados en términos de confianza y niveles de corrupción, lo que hace que el poder de disuasión que tienen estas corporaciones sean mínimas ante potenciales delincuentes.
Señaló que en este problema es fundamental el papel del Ministerio Público, en investigar los delitos y armar el caso para someter a juicio a los delincuentes, y el Sistema de Justicia Penal encargado de otorgar el castigo a los delincuentes.
Añadió que para que el efecto disuasivo de las policías municipales sea efectivo “tiene que haber certeza y tiene que ser rápido, y en estos dos elementos tienen mucho que ver el Ministerio Público y el Sistema de Justicia Penal, instancias que también tienen problemas que posiblemente no tienen solución en el corto plazo”, subrayó Cortez.
La académica del Departamento de Estudios en Educación del CUCSH, doctora María Eugenia Suárez de Garay, se refirió a la violencia ejercida contra las mujeres en la entidad y todo el país, una condición que está “íntimamente ligada” con las desigualdades sociales.
Subrayó que mientras muchos sectores sociales han entendido que éste no es un problema que compete únicamente a la intimidad de las personas, sino que es un problema social, la respuesta político-institucional en Jalisco no lo ha atendido de manera integral.
“La respuesta ha sido significativa, pero no suficiente para atender, de manera efectiva, la creciente incidencia y la emergencia de los feminicidios sucedidos en los últimos diez años, que han marcado un umbral en la escalada de la violencia criminal que no ha sido leído adecuadamente por las autoridades locales, estatales y federales”, recalcó.
La periodista y académica del Departamento de Sociología del CUCSH, maestra Alejandra Guillén, habló de los desaparecidos en México, un problema que prevalece desde la década de los 60, pero que se ha agudizado de diez años para acá.
Dijo que el crimen organizado ha penetrado a los pueblos más recónditos de la sierra de estados muy desfavorecidos como Guerrero y Chihuahua, y han sometido a los campesinos para obligarlos a cultivar para ellos. Además, existe el temor, entre las organizaciones sociales, de que ésta sea una manera de operar que se pueda extender a todo el país.
“El problema de las desapariciones es que todos los gobiernos, los pasados y los actuales, tratan de invisibilizar y de decir que vamos mejorando en seguridad, pero ¿cómo vamos a mejorar si tenemos más de 70 mil personas desaparecidas en México, diez mil de ellas en Jalisco, y sin una claridad sobre cuál es el horizonte para detener este problema?”, concluyó.
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