Agustín del Castillo

Ya sabemos que empezará el gobierno de Claudia Sheinbaum como terminó el de Andrés Manuel López Obrador: con conflictos diplomáticos nutridos de la narrativa populista en la que hay dos villanos primordiales que han abusado históricamente de nuestro país, el reino español por un lado; por el otro, Estados Unidos, el principal socio comercial y donde habitan decenas de millones de personas nacidas en México y sus descendientes.

La historia comenzó cuando al presidente López Obrador se le ocurrió al menos en dos ocasiones en sus seis años de gestión, que España debía ofrecer disculpas por la conquista. El estado español -que en realidad nació en el siglo XIX, al igual que México-, y en particular, el rey vigente, Felipe VI, se negó siquiera a atender esa solicitud. La venganza es ahora que no se ha invitado al monarca a la toma de posesión de Sheinbaum, lo que derivó en una visible protesta del presidente del país europeo, Pedro Sánchez. La nueva presidenta mantiene la intransigencia de su predecesor, sin reparar que el país peninsular es el principal inversor europeo en México, renglón en el que solo es superado justo por Estados Unidos, muy ampliamente.

Con los estadounidenses, el conflicto al menos tiene más sustancia real: la presión que ejercen para mantener sus fronteras controladas de migrantes ilegales; la que han acrecentado para que se luche contra los grandes capos del narcotráfico, y las observaciones contundentes que han hecho por vía diplomática para cuestionar los objetivos autocráticos de la reforma judicial, con la posible violación de derechos comerciales emanados del tratado de libre comercio firmado en 1994, revisado y confirmado en 2019, que ha mantenido la fortaleza de la economía nacional.

Sin embargo, no es aconsejable ir demasiado lejos con los yanquis: lo dice la vieja experiencia priista en la que se nutrió López Obrador, y la famosa conseja de Porfirio Díaz, el vilipendiado antecesor del sistema político autocrático que resucitó con el tabasqueño: “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Y aunque no hay enemigo pequeño, Sheinbaum prefiere mantener la tirantez con la lejana España y torear (vaya oportuno verbo castellano) las incomodidades y las protestas del gigante del norte, tratando de ganar tiempo.

Por eso, dedicamos este artículo a desmontar en grandes líneas la narrativa victimista en relación a España, una de las dos grandes raíces culturales de este país.

MENTIRAS SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL VIRREINATO

En 1821, al momento en que se consuma la independencia de México, había poco más de seis millones de personas en el antiguo reino de la Nueva España, y 70 por ciento eran indígenas. En su inmensa mayoría se trataba de una masa analfabeta, situación similar a la que vivía la emergente minoría mestiza (alrededor de 25 por ciento de la población total) que a la postre dominaría el destino del país. En 2022, con una población que se acerca a 130 millones, los indígenas han duplicado su población, pero ahora conforman apenas poco más de 10 por ciento, mientras los mestizos constituyen más de 85 por ciento, y han multiplicado su presencia cuantitativa por más de 100.

De este modo, aunque México se mantiene como el que alberga la mayor población india de todas las Américas, en términos relativos dejó de ser un país dominantemente indígena.

El analfabetismo explica por qué la lengua española no se había impuesto como lengua dominante. De hecho, las altas tasas de alfabetización no se conquistaron sino hasta mediados del siglo XX, casi 150 años después, aunque el predominio de la lengua de Castilla ya era evidente a finales del siglo XIX, como fruto de la progresiva integración de un solo proyecto político, primero criollo y después mestizo (conservador primero, luego liberal), cuyas premisas inevitablemente discriminaban la prodigiosa pluralidad de la sociedad mexicana.

Durante los siglo virreinales, al no saberse leer y escribir, el castellano o español no se pudo convertir en la lengua de todos -y tampoco era esa la prioridad de la corona, que gobernaba sobre reinos múltiples con lenguas diversas en el seno de la misma Europa-. No obstante, hablar “castilla” resultaba fundamental para acceder a la administración pública. Como en las civilizaciones más antiguas, el poder de los escasos escribanos bilingües, como correa de transmisión entre la burocracia y las más remotas y premodernas localidades del país, era inmenso.

Ese México casi ha desaparecido. Hoy todavía se contabilizan alrededor de 56 lenguas indias, pero en los 202 años que han pasado desde que se dio la separación de la monarquía española, se extinguieron muchas más. Es posible que a la independencia, el náhuatl todavía fungiera como la lingua franca, como había funcionado desde el arribo de los conquistadores.

El predominio de los aborígenes en 1821 tiene otras explicaciones convergentes: durante los tres siglos del virreinato, la corona, primero con los Habsburgo y luego con los Borbones en el trono de Castilla, había podido atemperar la sed de riquezas y poder de los recién llegados con medidas legales que permitieron a esas comunidades aborígenes sobrevivir a sus embates, luego de la gran debacle demográfica que se dio con el arribo de las enfermedades infecciosas. Los títulos de tierras y aguas emitidos por el rey en turno fueron la carta de supervivencia de comunidades diversas con complejidades variadas, que le dieron acceso a la justicia real, en su disputa con haciendas ávidas de tierras.

De manera que a la separación del monarca europeo, los indígenas como entidades culturales tenían un soporte jurídico sólido, que vino a derribar casi por completo la Constitución de 1857 y sus famosas Leyes de Reforma, que coronaban los esfuerzos liberales arrancados desde los años 30 de esa centuria por Valentín Gómez Farías, para desamortizar “bienes de manos muertas”, es decir, esa tierra propiedad de la iglesia católica… y de los pueblos indios.

Vale la pena la larga referencia porque no es difícil demostrar que la destrucción de las culturas nativas americanas en realidad es un proceso que perdió sus equilibrios y se potenció en la era independiente. Los nuevos estados, en toda la América española, aplicaron medidas similares a la de los republicanos franceses al imponer una sola lengua y un solo sistema económico. Era el costo de la modernización.

El presidente indígena Benito Juárez, zapoteco, y el medio indígena Porfirio Díaz, de raíces mixtecas, consideraron que los indígenas debían integrarse como mexicanos, hacerse competitivos con base en la reglas del libre mercado, y abandonar los usos y costumbres primordiales que la misma iglesia católica y el trono habían tolerado e incluso incentivado para dar gobernanza al país.

El derecho indígena que se aplica hoy en México, deriva de la revolución de 1910-1917, y es heredero de las Leyes de Indias generadas por el imperio español: una normativa colonial proteccionista y vindicadora del derecho al territorio que los liberales del siglo XIX, entre ellos, algunos insignes indígenas, no consideraron importante mantener.

La pluriculturalidad del país era vista como amenaza ante la pérdida de territorio y las ruidosas autonomías regionales: lo más compasivo que se les ocurrió a esos parteros de nuestra mostrenca modernidad fue la posibilidad de integrar a los aborígenes al emergente país mestizo. También veían un obstáculo insalvable en las formas de organización, producción y tenencia de territorio y recursos por miles de comunidades que llenaban la geografía del país de extraños originales, la perpleja otredad a los ojos de una república que anhelaba sentarse a la mesa de las naciones modernas y del capitalismo triunfante.

Los datos no mienten: si un grupo de población dejó de ser dominante, es porque terminó como la principal víctima  de la “mexicanización”. ¿Cual fue el papel de España en ese proceso de destrucción y despojo? Prácticamente ninguno. Eso no exime los abusos cometidos durante los siglos coloniales, en que sí ejerció el control de estas tierras, y la injusticia que entraña, a la luz de nuestro tiempo, cualquier proceso de conquista o colonización con despojo. Pero bajo ese prisma, cualquier proyecto imperial de la historia humana puede ser condenado. 

“En la historia de América Latina hay un lugar común compartido por todos los análisis, con independencia de la ideología desde la que operan, y es que la responsabilidad del subdesarrollo del continente proviene de la época colonial y su protagonista, el malvado Imperio español. Pero en historia y geopolítica no hay ni imperios malvados ni benevolentes, solo imperios que ejercen el imperialismo. Este interesado relato, más que historia, es un mito inventado por las oligarquías para perpetuarse en el poder y que les sirve de pretexto para esconder su culpabilidad en todos los horrores que han provocado desde el momento mismo en que tomaron el poder. Un mito exitoso, debe admitirse, pues fue asumido de forma acrítica por las izquierdas, que, de esa forma, se convirtieron en justificadores de las barbaridades de las oligarquías latinoamericanas, desde el siglo XIX hasta el presente. De ese modo, las oligarquías han podido mantener inalterable el statu quo nacido de la independencia, es decir, el modelo neocolonial, que facilita el expolio de sus países por la potencia de turno a cambio de apoyarlas en el control de los países y en la salvaguarda de su obscena acumulación de riqueza”, dice contundente un nicaragüense del régimen sandinista de los 80, Augusto Zamora (para nada sospechoso de “derechismo” o “conservadurismo”, en un libro que lleva un título sugerente: Malditos libertadores, historia del subdesarrollo latinoamericano. (editorial Siglo XXI, 2020).

MENTIRAS DE LA INDEPENDENCIA

La historia oficial que ha prevalecido en el relato mexicano condena al consumador al fuego eterno, pero curiosamente, no se puede evitar su nombre, ya que los famosos Tratados de Córdoba, el primer reconocimiento de la emancipación por parte de las autoridades españolas, firmados en la hermosa ciudad veracruzana contigua al Pico de Orizaba, llevan estampada su firma y la del último virrey, Don Juan O’Donojú.

La etapa de la consumación fue casi incruenta; al llamado de Iturbide, los insurgentes, especialmente Vicente Guerrero, depusieron armas y respaldaron el proceso con todo reconocimiento a su liderazgo. El nombre de Iturbide, como el de un buen puñado de participantes en once años de las llamadas guerras de independencia,  estuvo en letras de oro en el Congreso de la Unión hasta que un siglo después, un Álvaro Obregón con ánimo justiciero y una lectura histórica ya acusadamente inclinada por la persistente propaganda de la historia de bronce, lo borró, bajo la premisa de que la suya era una independencia, sino falsa, sí simulada: construida para mantener a la vieja élite en sus privilegios coloniales, y no la búsqueda genuina de la libertad y la justicia para el pueblo.

Un juicio a posteriori, excesivo: en realidad, todas las “independencias” de la América Española fueron consumadas por al menos una parte de las élites criollas, y todas, no solo el iturbidismo, mantuvieron el statu quo. “¡Por favor, carajos, déjennos hacer tranquilos nuestra Edad Media!”, grita irritado desde El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, el más mítico de los libertadores, Simón Bolívar.

Pero las élites criollas necesitaban el relato fundacional de víctimas para establecer la legitimidad de los países nuevos. Y se inventaron la oscuridad del periodo virreinal y la maldad congénita del proyecto civilizatorio castellano. Hay un libro básico, Elegía criolla; una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, de Tomás Pérez Vejo (Crítica, 2019), arroja luces. “Los procesos de nacionalización llevados a cabo en los dos últimos siglos han hecho que nos resulte extremadamente difícil imaginar un mundo en el que naciones y nacionalismos carecían de cualquier densidad política. Esta fue, sin embargo, la situación durante la mayor parte de la historia de la humanidad, justo precisamente hasta esas décadas cruciales de principios del siglo XIX, cuando la nación se convirtió en lo que nunca había sido: la forma única y excluyente de legitimación del ejercicio del poder”.

Y tan así fue, que todos los manifiestos de la independencia no hablan sino de su calidad de súbditos del rey, se hacen en su nombre y se le ofrece la corona al ser consumadas (el grito de Dolores, la Constitución de Apatzingán, y la propuesta a Fernando VII para que encabece el imperio mexicano, ilustran eso desde “libertadores a “reaccionarios”).

El relato de la opresión española se sostiene mal: las guerras de independencia fueron en realidad guerras civiles en un mundo donde apenas había españoles peninsulares; los actores de los dos bandos eran criollos, mestizos, mulatos e indios americanos, y como toda guerra civil, con altas dosis de violencia y corrupción. Es justo el relato de las villanías de Iturbide durante su ejercicio como comandante realista, lo sustenta el intelectual más prominente de la primera mitad del siglo XIX, Lucas Alamán. Pero lo que es tramposo es ignorar la villanía del otro bando: Hidalgo manda matar españoles sin ton ni son en su cruento recorrido entre El Bajío y Guadalajara, y las matanzas gratuitas ordenadas por Simón Bolívar mancharán para siempre su expediente de héroe. Es inevitable pensar que los verdaderos crímenes de Iturbide no tiene relación con los hechos, sino con los símbolos: su modelo político centralista e imperial se opone al que a la postre triunfó.

Así, la historia de la independencia que aprendimos en la educación básica mexicana es básicamente el triunfo de un relato falsificado que fue necesario para comenzar los procesos de construcción nacional, que se llevaron, con muchos dolores y violencias, todo el siglo XIX. Ni los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, ni extremistas de derecha como el partido VOX de España (que han asumido la defensa de su reino agraviado), dicen la verdad cuando señalan, los primeros, la necesidad de que España ofrezca perdón por la desastrosa conquista (tampoco olvidemos que los descendientes de los conquistadores están en México y no en la península; la conquista fue en 90 por ciento obra de pueblos indios opuestos al imperialismo mexica, y la conservación de viejas identidades fue posible porque la Monarquía Católica se lo impuso como tarea); los segundos, que se debe agradecer a España la iluminación que trajo sobre la barbarie (pues ni España existía, y la corona siempre reconoció la realidad de las civilizaciones encontradas en América y los derechos de los indios, por lo que debatió la legitimidad de la conquista. Las Leyes de Indias, recuperadas por la revolución mexicana en el tema agrario, lo demuestran palpablemente).

Lo que tuvimos en América fue la construcción de un proyecto civilizatorio propio; diferente a la España europea, con la que se comparte raíz, y esencia de nuestra cultura moderna, reflejada en la universalidad de la lengua española, y en la cultura común compartida entre Los Ángeles y Chicago, al norte; Buenos Aires y Santiago, al sur; Madrid al este, y en virtud de la famosa nao de China, con todos sus asegunes, la Manila americanizada que se ubica frente a China, al oeste.

Es importante diferenciar, entonces, dos tipos de historia: la historia como ideología, como un relato que justifica la construcción de hegemonías imperiales o nacionalistas, un relato interesado que ineludiblemente falsifica la realidad, y la humilde historia construida por los hombres de ciencia empeñados en descubrir la verdad, que dicho sea de paso, es como el diablo: está en los matices. Ambos tipos de historia siempre han coexistido, y la tarea del verdadero historiador es cernir la cizaña del trigo en tantos documentos de propaganda que se han emitido en la historia del mundo. No se trata de levantar nuevas estatuas o derribar las existentes, sino de hacer un honrado examen del pasado, y por fin, como países y como sociedades, madurar. Que es dejar de culpar a los otros de las propias taras.

Un problema esencial de nuestra democracia precaria es la ignorancia. Millones de mexicanos alfabetizados pasivamente y con rudimentos de ciencia, están inevitablemente desprovistos de las herramientas intelectuales básicas para distinguir siquiera las noticias reales de las llamadas “fakes”, y por ende, dan poca esperanza para que se pueda construir procesos intelectuales serios, críticos y democráticos que tanto necesita un país entrampado entre emociones elementales, carencia históricamente aprovechada por los caudillos de cualquier color.

Pero esto no les importó a los maestros de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy, con su gesto hostil hacia España, garantiza el continuismo del obradorismo por una de sus rutas más absurdas y delirantes.

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