Morelia Michoacán. 30 de noviembre de 2020.- La organización no gubernamental Humanas Sin Violencia envió a las representación de ONU Mujeres en México; a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y a la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas un texto donde reclaman la intervención de estas instancias ante el Congreso de Michoacán por lo que llaman una Armonización Jurídica Imperfecta en materia de feminicidio.
Circe López Riofrío, Presidenta de Humanas Sin Violencia A.C.
A continuación reproducimos el texto íntegro de Humanas Sin Violencia:
BELÉN SANZ LUQUE, REPRESENTANTE DE ONU MUJERES EN MÉXICO
NADINE GASMAN ZYLBERMANN, INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
NURIA GABRIELA HERNÁNDEZ ABARCA, SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS
El pasado 25 de noviembre el Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, presentó a través de la Comisión de Justicia de la Septuagésima Cuarta Legislatura, la reforma al Código Penal de nuestro estado en materia de feminicidio.
Sin embargo, hay serias deficiencias, considerando que se trata de garantizar a las mujeres víctimas de feminicidio que no haya impunidad social ni del Estado, además de buscar que el sistema penal garantice los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sancionando con claridad aquellas expresiones misóginas que justifiquen diversas expresiones de violencia y la privación de la vida.
Desafortunadamente esta reforma, por un lado, establece como causales aspectos procesales en el delito de feminicidio evidenciando la falta de técnica legislativa y de la exhaustiva revisión de los tratados internacionales y jurisprudencias que en materia de armonización jurídica con base en los derechos humanos de las mujeres requiere, y por otro lado en el artículo 133, respecto de homicidio y lesiones atenuadas, se sigue retomando el concepto de “estado de emoción violenta”, que si bien acota en caso de feminicidio y lesiones, sabemos que cualquier atenuante es una ventaja que los agresores suelen utilizar, y es que juzgar con perspectiva de género y derechos humanos permite justamente conocer y analizar que las razones de género establecen criterios para el acceso a la justicia y que no sólo se trata de mujeres sino también el considerar a las víctimas secundarias como las niñas, niños y adolescentes.
Si bien, es importante aclarar que no estamos solicitando a la Comisión de Justicia del Congreso del estado ni a la Comisión de Género, que transcriba del Código Penal Federal la tipificación del delito de feminicidio, sino que hagan un trabajo serio, profesional y ejemplar, que demuestre compromiso con la agenda de los derechos humanos de las mujeres, para que haya una revisión de los tipos penales en materia de feminicidio a nivel nacional que permitan establecer con claridad, objetividad y conocimiento, para con ello garantizar el trabajo de quienes procuran e imparten justicia, ya que una de las mayores demandas feministas y sociales, está centrada justamente en la complejidad e imposibilidad que muchas veces enfrentan todos estos actores, pero principalmente las víctimas secundarias para alcanzar justicia.
Incluso respetamos la posición del Congreso de Michoacán a defender su autonomía, pero esto no impide que los/as –Diputados y Diputadas- estén obligados/as a dar cumplimiento a establecer parámetros que mejoren la protección jurídica de las mujeres, así como su dignidad, integridad y vida, lo cuales estén basados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que nuestro estado forma parte del pacto federal y conforme a las disposiciones de los tratados son aplicables sin excepción alguna.
Consideramos que en un verdadero ejercicio democrático e incluyente del que deberían dar muestra, sería establecer reuniones de trabajo tanto con la Fiscalía General de Michoacán como con el Poder Judicial, así como a quienes hacemos este llamado, ya que esa relación es la que permite establecer aquellos obstáculos y aspectos que posiblemente estén impidiendo garantizar a las víctimas el debido proceso y el acceso a la justicia.
Por tal motivo es que hacemos un llamado URGENTE PARA SOLICITARLES SU APOYO a las instituciones cuya función es que la política pública de género en materia de igualdad y por el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito nacional y estatal, para que orienten, asesoren y guíen con la finalidad de lograr un avance sustantivo, asequible, garantista del avance de los derechos humanos, para que la armonización jurídica de Michoacán cumpla cabalmente para que las mujeres y las niñas puedan acceder al ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia sin menos cabo alguno.
