Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y 12 millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable directa en sus viviendas, al tiempo que las sequías se intensificaron en la última década y la sobreexplotación de los acuíferos creció 15 por ciento, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el contexto de esta conmemoración, recordó que en febrero de 2012 “se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo cuarto. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992. A la fecha, una década después, su aprobación aún está pendiente”.
Así, “México debe tomar acciones de forma urgente para evitar una crisis hídrica en los próximos años y décadas. El primer eslabón es modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad, donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica”.
¿Cuál es la situación con la Ley General de Aguas en México? ¿Por qué es tan relevante renovar la legislación? “La discusión sobre la nueva Ley de Aguas debe abordar algunas problemáticas urgentes para una mejor gestión del recurso: Falta de actualización de las disposiciones para otorgar títulos de concesión. Una concesión para la explotación de recursos hídricos tiene una vigencia de 5 a 30 años, sin un proceso transparente que permita cederla a un tercero en caso de que el usuario original ya no requiera utilizarla. Esto promueve malas prácticas entre los usuarios, como hacer uso de un volumen mayor al concesionado, traspasar el título a otros usuarios sin transparencia, o cambiar el uso sin la actualización de la concesión”, mencionó el IMCO.
Por ejemplo, “existen casos que, al momento de obtener la concesión, le daban uso agrícola al agua, pero que hoy en día esa misma concesión se utiliza para alguna otra actividad industrial, comercial o de servicio. Esta práctica se da porque las concesiones para uso agrícola no están obligadas a pagar por el agua, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. Solo si el volumen extraído supera el estipulado por la concesión que se otorga de acuerdo a las necesidades del usuario, el monto a pagar es de 17 centavos por metro cúbico. Por su parte, la industria, comercios y servicios pagan entre 23.48 y 35.86 pesos el metro cúbico dependiendo la región”.
Hay también un monitoreo deficiente. Los títulos para el aprovechamiento de agua registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no son monitoreados adecuadamente. “97 por ciento no tienen medidor y 93 por ciento de los medidores instalados no han sido verificados, lo cual incentiva el uso desmedido y las tomas clandestinas, por las cuales se llega a perder hasta 15 por ciento del agua potable en México”.
Como consecuencia, menor vigilancia. “En los últimos cuatro años se redujeron a más de la mitad las visitas que realiza la autoridad para vigilar el correcto uso del agua. Tan solo en 2013 se realizaron 10 mil 915 visitas mientras que en 2022 se realizaron 2 mil 812”.
La gestión del agua es un tema, como cualquiera relacionado con los recursos naturales que posee el país, polémico. “La discusión de la nueva Ley no ha sido la excepción. Desde septiembre de 2012 se han presentado 14 iniciativas para la nueva Ley General de Aguas. A lo largo de la última década, actores de la sociedad civil y de partidos políticos se han opuesto a las distintas iniciativas para la nueva Ley con el argumento de que su objetivo es, en el fondo, la privatización del recurso. Dada la dificultad para llegar a consensos, la discusión está estancada”.
Desde 2021, añade el IMCO, “la Comisión de Recursos Hídricos ha buscado revivir el tema con la propuesta para crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030. Se trata de 600 mil millones de pesos necesarios para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país. Aún así, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas”.
La actual administración del ejecutivo federal, así como distintas bancadas en el Congreso de la Unión, “han reiterado que la discusión y eventual aprobación de la Ley es una prioridad para la actual legislatura, sin tomar pasos concretos para lograr ese objetivo. El Día Mundial del Agua debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso”.
Algunas acciones necesarias, desde el ámbito de gestión pública de los recursos naturales, incluyen la evaluación y actualización de la delimitación de cuencas a nivel nacional, utilizando criterios geofísicos en lugar de geopolíticos. “Aún más, la administración y el monitoreo efectivos de las concesiones es urgente en todos los sectores. Finalmente, las autoridades deben considerar el uso de tecnología de monitoreo en tiempo real para identificar las fugas de agua en los sistemas de tuberías”.
También, “un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los retos de la gestión del agua, pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al agua para todos los mexicanos. Los detalles de estas propuestas están contenidos en el informe Aguas en México, ¿escasez o mala gestión?, presentado por el IMCO en febrero pasado.
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