Como resultado de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial Regional del Distrito IV en torno a las heridas que sufrió una mujer de la tercera edad cuando se encontraba en el exterior de su centro de trabajo ubicado en el municipio de Degollado, fue vinculado por un Juez de Control el probable responsable de nombre Mariano Z.
Sin embargo, debido a que esta representación social advierte actos jurídicos que posiblemente atentan contra los derechos de la víctima, entre ellos que la autoridad judicial varió el delito al imputado por uno de menor gravedad, se interpondrá el recurso de apelación.
De acuerdo con las pesquisas, la víctima quien tiene 65 años, se encontraba trabajando en la tortillería ubicada en la localidad de Mezquitillo, el 10 de junio del 2022, aproximadamente a las 17:30 horas, cociendo el nixtamal para la masa. Sin embargo, debido a que estaba muy caliente el lugar, salió al exterior y advirtió la presencia de Mariano Z., en aparente estado de ebriedad, así como una mujer que lo acompañaba.
En un momento, el sujeto presuntamente realizó varios disparos con un arma de fuego que llevaba, uno de los cuales acertó en la mano derecha de la sexagenaria, quien tuvo que ser trasladada a recibir atención médica ya que sufrió un menoscabo en sus dedos medio y anular, que sí pusieron en peligro su vida y tardaron más de 15 días en sanar. En tanto, el sujeto y la mujer, se dieron a la fuga.
Esta representación social llevó a cabo las investigaciones que permitieron recabar datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad de Mariano Z. en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que la carpeta de investigación fue judicializada.
La audiencia de continuación fue programada para el pasado 30 de noviembre; sin embargo, momentos previos a su inicio, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para el desahogo de medios de prueba, entre ellos de la víctima y una testigo, lo cual fue concedido por el Juez para el primero de diciembre pasado, situación que no fue notificada a la víctima.
Aunado a ello, su defensor presentó una nota médica donde se desprende que la ofendida presenta una enfermedad respiratoria que requiere reposo; sin embargo, la defensa de Mariano Z. solicitó al Juez de Control el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a la víctima, a lo cual se opuso el agente del Ministerio Público promoviendo un incidente de nulidad a la notificación por falta de formalidad, aunado a la condición de salud de la sexagenaria.
No obstante, el Juez de Control resolvió que aún cuando la notificación no se hizo con las formalidades legales, la víctima “se hizo sabedora” de la presente audiencia, por lo que ordenó fijar la fecha del 3 de diciembre, con la finalidad de que la Policía Investigadora a través del uso de la fuerza pública, hiciera comparecer a la sexagenaria ante ese órgano jurisdiccional para que se desarrolle el interrogatorio por parte de la defensa de su probable agresor.
La Policía Investigadora del Distrito IV atendió el ordenamiento judicial, sin embargo notificó al Juez de Control que no pudo realizar la comparecencia de la víctima debido a que presentó constancia médica expedida por un hospital que confirma su diagnóstico de COVID, por lo que el médico le indicó 20 días de reposo.
Finalmente, la autoridad judicial desahogó dicha audiencia en la cual la defensa ofreció el testimonio de su defendido Mariano Z. quien ante el Juez reconoció su probable responsabilidad en haber realizado disparos en la fecha y hora en que ocurrieron los hechos, bajo el argumento de que no iban dirigidos a la sexagenaria.
La testigo que presentó la defensa del inculpado también confirmó que posiblemente realizó los disparos y que el hombre se encontraba en estado de ebriedad.
El Juez de Control concedió valor al dicho del imputado y la testigo, en razón de que al encontrarse en estado de ebriedad “no tiene voluntad ni conciencia de sus actos”, y con base a ello resolvió variar el delito a lesiones culposas, de menor gravedad y le impuso la medida cautelar de prisión oficiosa por un año.
Aunado a ello, a petición de la defensa la autoridad judicial también fijó la fecha y hora para el desahogo de la audiencia de suspensión condicional del proceso en fechas recientes, a lo que de igual forma se opuso el agente del Ministerio Público.
La Fiscalía del Estado a través de su Fiscalía Especial Regional apelará la resolución del Juez, al advertirse actos jurídicos que posiblemente violentan los derechos de la víctima, por lo que se reafirma el compromiso para interponer los recursos legales que sean necesarios para hacer valer el estado de derecho y evitar la impunidad.
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