- 75% por ciento del país está inmerso en sequía, pese a que sigue la temporada de lluvias. En el centro Occidente, Guanajuato vive la escasez en todo su territorio; Michoacán y Jalisco la enfrentan en 70%. Hay un descenso en la producción de alimentos que impactará a los precios. El gobierno mexicano ha decidido ignorar el problema
Agustín del Castillo
La sequía, esa pesadilla recurrente para casi todos los moradores del territorio mexicano, vive un momento de auge, lo que significa malas noticias para la agricultura, la ganadería y el abasto de ciudades, industrias y comercios. Los datos oficiales (Monitor de sequía en México, Conagua) señalan que 74.96 por ciento del país vive inmerso en el problema, pese a que el temporal está a punto de terminar (y por ende, debería ser la época menos seca). Lo más grave es que no se trata solamente de un problema de falta de lluvia.
Por eso es importante la aclaración de dos expertos en el tema, Fernando González Villarreal, primer director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 1989-1994), y Felipe Arreguín, quien fue director técnico de la institución hasta la pasada década, quienes ahora se desempeñan en la Red de Agua de la UNAM: “Las sequías no son producto solamente de la ausencia de lluvia. De hecho, existen varios tipos: meteorológicas, hidrológicas, agrícolas, socioeconómicas, entre otras. Cada clasificación está determinada, además de por la falta de precipitación, por una inadecuada administración del agua -deficiente manejo de las presas o sobreconcesionamientos para diversos usos-, falta de infraestructura o decisiones de tipo político”.
Esta amplia definición concentra todos los aspectos del momento crítico que vive el país. En lo económico, hay un mercado internacional donde, por ejemplo, el precio de los granos básicos se ha desplomado. Por otro lado, el mercado nacional sigue pervertido por la incapacidad estatal de regularlo, lo que hace que buena parte de los industriales no adquieran productos del país, o bien, induzcan artificialmente su depreciación por medio de importaciones de productos, en el mejor de los casos, deshidratados (no frescos) y con mayor costo ambiental, al moverlos miles de kilómetros con altas emisiones de gases de efecto invernadero, lo que no está internalizado en el precio a pagar, y constituye competencia desleal a los productos nacionales.
El caso es que esta economía funciona sola, cuando en el pasado, el Estado mexicano y los productores habían generado una serie de acuerdos para paliar sus efectos nocivos (de manera insuficiente, huelga decir). Las políticas públicas permitían a los agricultores y ganaderos modelos de financiamiento para compra oportuna de insumos, desde fertilizantes hasta paquetes preventivos de enfermedades de ganado, así como un subsidio ante catástrofes naturales, además de esquemas de producción por contrato, que permitía protegerse de las fluctuaciones del mercado internacional.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador borró esas políticas, se limitó a apoyar a los pequeños productores y a prometer un esquema de precios de garantía que consideraría las fluctuaciones del mercado internacional, la variación en los insumos y los riesgos. Pero hasta ahora no termina de constituirse en una verdadera política sólida, y los productores están en la incertidumbre. No se debe olvidar además la baja inversión en el mantenimiento de la infraestructura de la Conagua, en proyectos innovadores en el uso del agua y la ausencia de políticas de agua y suelo, bienes esenciales para mantener el campo en producción.
A estos problemas se suma la sequía en sí misma. “La agricultura de temporal es, por lo general, la primera actividad productiva afectada por la sequía, debido a la dependencia que tienen los cultivos a la precipitación y a las reservas de humedad del suelo. Este tipo de agricultura es practicada por campesinos de bajos recursos económicos y son ellos los primeros en la sociedad en sentir los efectos de la sequía. Son pequeños productores que, con la ayuda de un equipo sencillo, su propio trabajo y el de sus familias, producen esencialmente para autoconsumo. Cuando ocurre una sequía, sus cosechas no logran germinar o se marchitan y mueren. No pueden recoger una cosecha, lo que representa el primer paso hacia el desastre”, señala David Ortega Gaucín, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Agrega: “Por otro lado, la agricultura de riego es imposible si no se cuenta con fuentes de abastecimiento de agua como pozos, presas y ríos. Por ello, cuando hay escasez del recurso se genera un efecto negativo en la producción, los ingresos y el nivel de vida de los agricultores. Esto conduce también a la importación de productos y a un aumento de los precios en el mercado, además de que la infraestructura productiva se degrada, entre otros efectos”.
¿A qué conducirá el descenso de las cosechas de maíz en el país? A la necesidad de importar. Uno de los porblemas que genera el abandono del productor es la necesidad de recurrir a países donde los transgénicos no están prohibidos. No será la primera ocasión en que se compra maíz blanco transgénico de Sudáfrica, por ejemplo.
“La sequía también afecta de manera significativa a la actividad ganadera, especialmente a la práctica de la ganadería extensiva. En esta actividad, los primeros efectos se manifiestan en la escasez de agua para abrevadero y en la reducción del forraje disponible. Posteriormente, se observa una disminución en la producción de los animales, lo que se refleja en su peso, tasas de reproducción y producción de leche. En casos graves, la falta de agua ocasionada por la sequía disminuye la fuerza y vitalidad de los animales, lo que incluso puede conducir a su muerte por deshidratación o inanición”, sostiene Ortega Gaucín, en un artículo publicado por la Red Agua de la UNAM.
El impacto de la sequía llegó este año a la cámara alta del país. La senadora Beatriz Paredes Rangel, ex dirigente cenecista, pidió en junio, y nuevamente en octubre, una intervención institucional. Dijo el pasado 7 de octubre: “Este año México, y particularmente el norte del país, está viviendo una sequía devastadora; el hato ganadero de nuestro país, de Zacatecas hacia el norte, está perdiendo miles de cabezas. Es necesario declarar estado de emergencia en varias entidades del norte de la República”.
El 30 de junio anterior, en tribuna, la ex gobernadora de Querétaro había abundado: “…me parece crucial que retomemos la política de rehabilitación de suelos, es esencial que se entienda que el territorio requiere el respaldo y la inversión para lograr que no sigamos perdiendo más tierra y que un país al que nosotros amamos y que tiene concentrados los recursos hídricos en el sur y que del centro hacia el norte es desértico o semidesértico, requiere de una política continuada y permanente de rehabilitación de suelos”.
Así, “es indispensable una gran reflexión nacional sobre la política hidráulica y que esta reflexión nacional nos lleve a que en el presupuesto de la República existan recursos suficientes anualmente en un programa de mediano plazo que apliquemos las posibilidades que nos da la Ley de Presupuestación para prever inversiones a través de varios ejercicios presupuestales anuales, pues la atención de la problemática hidráulica requiere de un enorme esfuerzo de las instituciones federales de manera señalada, de los estados y de los municipios, y de una gran responsabilidad ciudadana para que cuidemos del preciado líquido, la sequía tiene que atenderse de manera urgente”.
Y recriminó al gobierno de López Obrador, sin mencionarlo: “Desapareció el Fonden y ahorita requeriríamos su participación para atender las regiones con sequía. Se ha reducido el seguro catastrófico en el campo y ahora miles de productores lo requerirían”.
El problema es que la respuesta es muy baja. Al menos, la propuesta de presupuesto 2024 no prevé un verdadero respaldo institucional para hacer frente a la sequía, agravada por la más corta periodicidad con que se presentan los periodos ENOS (El Niño Oscilación Sur) y la emergencia del cambio climático.
IMCO: EL ESTADO MEXICANO NO APOYA AL CAMPO
El Instituto Mexicano para la Competitividad ha emitido un indforme contundente sobre ese problema ,este mismo mes de octubre:
“El estrés hídrico -situación donde la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible- está estrechamente relacionado con el aumento de las sequías debido al cambio climático. México es un país vulnerable a sequías, con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década estas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración. En este contexto, a pesar de que la disponibilidad suficiente y de calidad del agua es un asunto de gestión, resulta esencial contar con un presupuesto adecuado que permita abordar las necesidades relacionadas con el agua para el desarrollo social y económico, a la vez que se toma en cuenta la variabilidad climática”, señala el documento emitido el pasado 10 de octubre.
El organismo “analizó los recursos públicos que serán destinados a la Conagua y que se establecen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024”. Las noticias no son halagüeñas: “Para el próximo año se prevé una disminución de 12.6% con respecto al presupuesto asignado en 2023, es decir, pasará de 71.7 a 62.6 mil millones de pesos”.
Una nueva disminución del presupuesto, como las observadas entre 2015 y 2022, “difícilmente asegura una mejor gestión del agua, en un contexto de sistemas hídricos presionados por sequías particularmente severas”.
En lo específico, “no obstante que la presente administración ha establecido la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica de la Conagua como parte de sus proyectos prioritarios, se observa que de aprobarse el PPEF 2024, se reduciría en un 15.7% el presupuesto asignado a este proyecto prioritario con respecto al año 2023”.
Una reducción en el presupuesto, añade el IMCO, “plantea una incertidumbre sobre cubrir la capacidad de la infraestructura hídrica para abordar el problema de la gestión del agua, especialmente en un contexto en el que se ha experimentado una notable reducción de las precipitaciones debido a la tercera ola de calor que afectó a 22 estados del país entre el 1 y el 22 de junio de 2023, catalogada como la más extensa y severa ola de calor de los últimos años”.
Como consecuencia, en plena época de lluvias “el nivel de almacenamiento promedio de las presas en México se ubicó en 45.5%. En este sentido, existe un alto riesgo de estrés hídrico para 2024 y el presupuesto de la Conagua debería reflejar esta realidad”.
Esto “es particularmente preocupante en el contexto actual, donde la gestión y la preservación de los recursos hídricos se han vuelto fundamentales para enfrentar a las sequías […] la presión hídrica que enfrenta más de la mitad del país exige un presupuesto suficiente y utilizado racionalmente ante un panorama donde las sequías aumentan debido al cambio climático. Se requiere inversión constante no solo en infraestructura hídrica, sino también en proyectos de conservación y manejo sostenible del agua (como el monitoreo, la vigilancia y una adecuada regulación), que consideren de manera prioritaria la
adaptación al cambio climático”, puntualiza el organismo.
QUÉ DICE EL MONITOR DE SEQUÍA
En su informe más reciente, el monitor de sequía del gobierno mexicano señala: “la segunda quincena del septiembre de 2023, a pesar de la presencia de canales de baja presión, el ingreso de la onda tropical número 28 y dos frentes fríos (número 2 y 3) las lluvias estuvieron por debajo del promedio, por lo que se observaron importantes déficit de precipitación en gran parte del territorio nacional, solo en zonas puntuales de Nayarit, Jalisco, la región del Pacífico sur y Península de Yucatán se tuvieron condiciones húmedas. La presencia constante de un sistema anticiclónico ubicado principalmente en el noroeste, norte, noreste y centro occidente propició un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas mayores a 35.0 °C en algunas regiones”.
Es por ello que “se tuvieron aumentos relevantes de áreas con sequía. En el noreste, centro occidente y Pacífico sur incrementó la sequía de severa a extrema; ésta última categoría también tuvo un aumento sobre los estados del noreste y Pacífico Norte. Por otro lado, en Durango y la zona limitante entre San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz surgieron áreas con sequía excepcional. Al 30 de septiembre de 2023 el porcentaje de áreas con sequía de moderada a excepcional a nivel nacional fue de 74.96%, 7.88 puntos mayor que lo cuantificado al 15 de septiembre…”.
La cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, donde está enclavada esta región centro occidente, tiene 52.6 por ciento de su territorio bajo sequía extrema, 27.3 por ciento bajo sequía severa y 8.8 por ciento bajo sequía moderada.
Por entidad federativa, Guanajuato tiene 82.4 por ciento de su territorio en sequía severa y 17.6 por ciento en sequía severa. Michoacán, 70 por ciento en escasez extrema de agua; Jalisco, 45.3 por ciento en sequía extrema y 27.4 por ciento, severa. El panorama es francamente desalentador.
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