- Uno de los laboratorios sociales del fracaso del Estado mexicano en la intención de detener la violencia y el fuego con “abrazos y no balazos” es esta región donde Jalisco y Zacatecas se encuentran, pero en realidad, lo que el cártel local hace ya se ha ensayado por casi dos décadas en la mayor parte del estado de Michoacán
Agustín del Castillo
El ganadero chihuahuense Víctor Manuel Ponce Ríos, de 57 años de edad, salió en 2013 del municipio de Saucillo para buscar un espacio seguro para su familia, ante la ola de extorsiones de los grupos criminales y la muerte de dos de sus familiares, uno secuestrado; otro ajusticiado por atreverse a reclamarlo. Llegó al norte de Jalisco, donde su experiencia como acopiador fue muy útil en la única región del estado desde la cual se puede exportar ganado en pie a Estados Unidos.
Pero su éxito fue contraproducente: “la plaza” local, que secuestró el negocio a fines del año pasado, no quiso privarse de sus talentos y lo obligó a ser uno de sus diez acopiadores en los municipios de la región. En delante, todo el ganado debería pagar un porcentaje a los dueños del territorio, y sería movilizado hacia ciertos destinos donde el beneficio aparente ha sido para grandes engordadores que podrían tener ligas con las organizaciones criminales.
Algo salió mal en esa relación. Desaparecido con su trabajador, Luis Fernando García Pérez, de 27 años, el pasado 23 de mayo, ambos fueron encontrados asesinados el 16 de junio en un predio del vecino estado de Zacatecas. “Además de levantar a Don Víctor y a su ayudante, se llevaron entre 120 y 150 cabezas de ganado de su corral; comercializar o sacrificar esa cantidad de animales supone cooptación o colusión de muchas autoridades estatales, federales y municipales”, dice un testigo, experimentado ganadero. Es una demostración de que el control de la mafia en la vida pública es allí casi completo.
En los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños, hacia el cañón del río Bolaños, y de Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, Mezquitic y Huejuquilla, en las mesetas y montañas que colindan con Zacatecas, la vida está regulada por la pax narca impuesta por algunos lugartenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llegados del oriente de Guadalajara (donde la notoriedad de sus acciones delictivas obligó a sacarlos de la visibilidad) y del estado de Michoacán. Es decir, sin la menor liga sentimental con la región.
Eso les ha permitido ver a la demarcación como un sitio a explotar sin demasiados escrúpulos. Juan N, un propietario de un rancho en uno de los municipios del cañón, huyó hace menos de tres semanas, luego de que los sicarios del cártel no le dejaron tomar posesión de una propiedad que había rescatado en un largo proceso judicial. “Me hicieron firmarles las escrituras; no tenía otra posibilidad que traerme a mi familia y olvidar todo”, revela temeroso.
“Cualquier asunto legal y que sea de cuantía o de relevancia inmediatamente es asumido por la organización. Juicios de pagarés, despojos, intestados e incluso divorcios. Es increíble la forma de trabajar de ellos, apenas ingresas una demanda y al día siguiente ya te están buscando y si no te encuentran te llaman o te citan; y si no vas, pues van por ti, eso quiere decir que hay gente que trabaja para ellos y les pasa información desde adentro de los juzgados en el civil y en el penal”, revela un litigante que también huyó de la zona.
La “plaza” -o las plazas, pues se identifica a tres mandos en la zona de casi 10 mil kilómetros cuadrados, todos sometidos al CJNG- suele controlar las policías locales. Los presidentes municipales, en el mejor de los casos, son pasivos espectadores de la extorsión, el cohecho y la extracción de recursos públicos, o del apropiamiento de patronatos de las fiestas locales, donde corre dinero a manos llenas de los paisanos que vienen a visitar a sus familias, o vecinos de los pueblos cercanos.
En el peor de los casos, están coludidos o tienen parientes. Las redes familiares también han sido cooptadas. La regla es el silencio cómplice… aunque los asesinatos, las desapariciones y los despojos no se detienen.
Pero con el crimen nada es personal. Solo se trata de extraer las rentas, de quedarse con la magra riqueza por la que se han deslomado generaciones de norteños, advierte un lugareño de Totatiche. Y así se entiende el control del negocio ganadero, uno de los sectores más pujantes de una zona magra en lluvias y climáticamente apta para criar bovinos.
LA CAPTURA DEL NEGOCIO GANADERO
El cártel controla el negocio del ganado bovino de exportación desde octubre de 2022. Cada ejemplar puede significar 5 pesos por kilogramo de ganancia por comisiones, un volumen de extorsión de 125 millones de pesos anuales, tras la imposición de “gerentes” regionales para administrar la operación.
La economía local produce unas 100 mil reses de exportación cada año. Hubo reuniones “informativas” en los 10 municipios: la agrupación criminal utilizó a los ganaderos más connotados para “encargarles” la operación. Por grado o por fuerza. A comienzos de noviembre, ya estaba allanado el camino.
Los operadores, como don Víctor, no tuvieron manera de zafarse: el grupo criminal ha tenido acceso a toda la información del Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y del Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado), de cada municipio.
Los burócratas locales son “garganta profunda” para el cártel: mantienen actualizada la información a nivel de predio, ranchero, y cada animal que nace, al que se registra con un “arete”, un código de seis dígitos que gestiona cada asociación ganadera local; allí se emiten guías de tránsito y “formas valoradas” para movilizar ganado hacia centros de acopio o rastros.
Esta red está completamente controlada por amenazas o corrupción. El Estado mexicano está ausente.
La familia Ponce Reyes, víctima del asesinato de su padre, Víctor, y de robo de ganado por el grupo criminal que controla la demarcación, es uno de los últimos casos, pero otro acopiador obligado por la mafia, Roberto Robles y su esposa, “ya huyeron y su rancho en Los Veliz está abandonado”. Incluso un juez del fuero común, César García, amenazado tras un asunto judicial, se desplazó de la región.
Los asesinatos de cuatro jóvenes entre Colotlán, Jalisco, y Tepetongo, Zacatecas, en diciembre pasado, son vistos por lugareños como una especie de banderazo de un año que ha sido doloroso para muchas familias. “Yo no me quiero volver a postular”, confió un presidente de uno de los 10 municipios jaliscienses, preocupado por lo peligroso que se ha vuelto hacer política en la región.
Pero un indicador un poco más lejano ya avisaba de los riesgos de la pasividad del Estado mexicano y el control creciente de la vida pública y privada por las células criminales: en junio de 2022, el cardenal católico de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, fue detenido en Totatiche en un retén improvisado por presuntos delincuentes. “Desde entonces lo han considerado un error grande, porque los puso en la lupa”, señaló un testigo; Sin embargo, ni eso los detuvo.
TRAGEDIA FAMILIAR
“Como familia hemos vivido un proceso muy doloroso, nunca imaginamos que pudiera llegar a esto”, señala Anaís Ponce Reyes, la hija mayor de don Víctor Ponce.
“En 2013 se dio el primer desplazamiento de mi familia porque había padecido muy fuerte la delincuencia, los secuestros y dos asesinatos de nuestra gente en el sur de Chihuahua; contamos con mecanismos legales, en ese entonces el desplazamiento interno forzado no estaba considerado un delito, toda la familia cuenta con un registro de víctima; entonces llegas a un lugar a trabajar tranquilamente, el norte de Jalisco, pese a ser zona insegura donde sí había secuestros y pleitos entre ellos, pero nunca había pasado a un punto donde empezaran a cobrarles rentas a los ganaderos y a las personas trabajadoras, como empezó desde el año pasado”, dice por vía telefónica, pues permanece oculta como el resto de la familia.
Su padre fue obligado, como acopiador, a trabajar para ellos. Anaís no supo cómo la colaboración forzada devino en desconfianza y abuso. “A mi papá, no sé si por ser un foráneo lo intentaron de utilizar como ejemplo para que nadie más levante la voz; creo que son muchas las personas que no están de acuerdo, pero desgraciadamente no tienen valor de denunciar, la gente está acostumbrada ya en ese tipo de situaciones…”.
Agrega: “todo México está igual; mi papá se sentía ya temeroso de que estos grupos lo citaban para decirles, estas son las reglas y me tienen que acatar, me tienen que dar tanto. Desgraciadamente no me queda de otra, dijo. Eligieron a lo mejor a los mejores acopiadores para que les dieran las mayores ganancias, pero terminan comiéndote tu negocio. Mi papá utilizaba créditos como cualquier ganadero, y entre tener que hay que seguirlos pagando y hay tenerles que dar a estas personas lo que pidieran, pues terminó trabajando solo para darle dinero a banco y delincuentes, entonces el ya no podía seguir soportando la situación…”.
La última conversación de Anaís con su padre no fue con relación al tema, pues ocultaba muchos hechos para no preocuparlos. “Fue para darme la noticia por el fallecimiento de un familiar, nos dejaba al margen de la problemática; él trató de protegernos siempre en ese aspecto”.
Desaparecido el 23 de mayo, junto con su empleado, no lo volverían a ver con vida.
“Nunca se comunicaron los delincuentes, pero tuvieron un contacto con un miembro de la familia cuando se llevaron el ganado, y lo amenazaron. La familia se llenó de mucho temor e incertidumbre, no denuncies, no te conviene, es peligroso […] pero se deben hacer las denuncias, ya no tienes otra opción a pesar que sientes que todos son exactamente los mismos…”.
La familia Ponce Reyes cuenta con estatuto de víctima desde los hechos de 2013, pero poco le sirvió. El apoyo institucional sólo se dio de parte del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que el 30 de mayo pidió al gobierno mexicano intervenir con rapidez. La celeridad fue… darles una cita en dos semanas.
El cadáver fue localizado por el tesón de los familiares, que se expusieron, y ante el bombardeo mediático, “los asesinos sintieron la presión y nos lo dejaron”. Fue el 16 de junio pasado.
Anaís insiste en la necesidad de justicia, es decir, que se investiguen los hechos y se detenga a los asesinos. “Aunque nos arriesguemos, aunque nos amenacen, se la debemos a él y no queremos que más inocentes paguen por esta brutalidad”, subraya. No puede ser ésta una historia solo de resignación, un eslabón más en una larga cadena de abusos e impunidad bajo el cobijo de “abrazos, no balazos”.
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